Elecciones y lecciones en Catamarca. Una lectura estructural de la coyuntura electoral
Horacio Machado Aráoz
Como un intento por devolver en algo que quizás pueda ser provechoso socialmente el esfuerzo del Estado nacional que paga mi trabajo como docente e investigador de una universidad pública, aquí intento compartir un análisis de las recientes elecciones provinciales, realizado a partir de una mirada más estructural sobre el régimen político local, construida a partir de algunos años de investigación dedicados al tema. Por tanto, estas líneas tienen la pretensión e intención de provocar el debate político en el interior de nuestra sociedad a fin de crecer en términos democráticos.
En primer lugar, comparto un diagnóstico más estructural sobre el régimen político local. Luego, un análisis interpretativo sobre los resultados de las últimas elecciones a partir de la trayectoria trazada por el FCS. Por último también, como militante del movimiento socioambiental, preocupado por lo que considero los nefastos impactos políticos, económicos, ecológicos y culturales que implica el extractivismo minero transnacional para nuestro territorio y nuestra sociedad, dedico un párrafo especial a indagar el sentido y las implicaciones de los resultados electorales en relación a la cuestión minera.
1.- Una radiografía del régimen político: estructura oligárquica y dinámica clientelar
La anatomía política de la sociedad catamarqueña tiene fuertes rasgos oligárquicos, en el estricto sentido técnico de la palabra. Una estructura patrimonial y de la propiedad fuertemente concentrada; un aparato productivo poco diversificado, con alta especialización sectorial y fragmentación territorial; escasas alternativas económicas en general y de empleo en particular; una economía estadocéntrica -propia del carácter ultraperiférico del capitalismo en su versión local-, terminan configurando una matriz estructural de poder de marcada concentración, y en la que tanto la morfología de la estratificación social, como el sistema de posiciones de poder en el ámbito político, muestran fuertes tendencias hacia la jerarquización, la exclusión y la rigidez. Todo lo cual, a su vez, tiende a reflejarse en modos y estilos de ejercicio del poder de características autoritarias.
De tal modo, las grandes asimetrías en la estructura económica se convierten en profundas asimetrías políticas. La dinámica política se reduce a procesos acotados de selección de élites semi-cerradas estructuradas en torno a la apropiación privada de bienes y funciones públicas. La competencia política queda reducida a núcleos sociales selectos que concentran recursos económicos, estatus y capital político. La competencia electoral regular y periódica en los últimos decenios apenas ha modificado relativamente este panorama general.
El control del aparato estatal ha sido y sigue siendo clave para el ejercicio y la reproducción de este régimen político: de él depende la distribución asimétrica de los medios materiales y simbólicos de poder en base a los cuales se consolida el dominio de los grupos de élite. Las desigualdades estructurales hacen que, bajo este régimen, la construcción, el ejercicio y la ‘legitimación’ del poder político se produzca a través de la ecuación clientelar, que incluye un clientelismo ‘minorista’ y otro ‘mayorista’.
El primero –el más conocido y divulgado; cínicamente condenado y sistemáticamente practicado- afecta a los sectores sociales más despojados. El despojo sistemático, la precariedad y la vulnerabilidad estructural de sus condiciones de vida configuran el marco de condiciones objetivas que los sujeta a una posición de dependencia estructural respecto de las élites que controlan el aparato estatal, para el acceso a bienes y servicios primarios. La asistencialización y manipulación política de la población desplazada emerge como correlato de la concentración económica y política. A la vez que indica el nivel de dependencia estructural de los sectores despojados, el clientelismo minorista desnuda una de las estrategias claves de las élites políticas en la construcción y ejercicio práctico del poder real.
Respecto del mucho menos divulgado y reconocido clientelismo ‘mayorista’ – la ‘discreción’ suele ser preciado un signo de distinción de las élites-, refiere al sistema de asignación de las más importantes oportunidades económicas derivadas igualmente del control y ejercicio de las funciones estatales entre un reducido círculo de grupos sociales con claros entrecruzamientos parentales y de alianzas económicas y políticas.
Mientras que el clientelismo minorista reparte bienes de subsistencia, el clientelismo mayorista asigna bienes y recursos que aseguran posiciones de poder y distinción social: fuentes y oportunidades de renta extraordinaria –todas igualmente ligadas al estado- que sustentan el ‘estilo de vida’ de la ‘alta sociedad’ local. El festival pornográfico del clientelismo minorista –con la inclusión de sendos piquetes pre-electorales de las élites circunstancialmente en la oposición- se ve, sobre todo, antes de las elecciones, en los barrios pobres y los pueblos del interior. El clientelismo mayorista, en cambio, se ejecuta de un modo mucho menos visible y tiene su auge con el ejercicio mismo de la obra de gobierno. Mientras que el primero se alimenta de las flacas partidas del ministerio de ‘desarrollo social’, el segundo lo hace de las cuentas gruesas del presupuesto público, esa reservada a los contratos, a los grandes proveedores, al nombramiento de funcionarios y la ejecución de obras ‘públicas’.
Bajo estas dos modalidades, el ejercicio clientelar del gobierno consolida y reproduce la mencionada matriz oligárquica de la sociedad local. El nepotismo, el patrimonialismo, el autoritarismo y la corrupción (creerse ‘dueños de la provincia’; creerse ‘impunes’) resultan rasgos característicos emergentes de los factores y la dinámica estructural señalada. Mal que nos pese a todos, no fueron una ‘propiedad exclusiva’ del ‘saadismo’ (más adelante, se aclara a qué viene esta referencia aparentemente anacrónica).
2.- Alternancias de estilo sin cambio de régimen. Un voto por el cambio
El Frente Cívico y Social nació de una coyuntura histórica de cambio. Un proceso de movilización y concientización política, sobre todo de sectores medios, que expresó ciertas demandas y potencialidades democratizadoras.
El crimen de María Soledad Morales –detonante de este proceso de cambio- condensó sintomáticamente lo peor de un régimen societal en su fase de decadencia y anquilosamiento: develó una sociedad fuertemente atravesada por rígidas jerarquías sociales que combinaba dominación de clase, patriarcal y racismo. Una sociedad visceralmente machista, patriarcal, racista y clasista.
La condena social signó originariamente un alentador rechazo y reacción ante tales rasgos y una auténtica voluntad de cambio. Pero en algún momento del proceso, el ‘caso María Soledad’ fue políticamente convertido en un gran chivo expiatorio que pretendió usarse para la externalización hipócrita de la culpa social (sin que esto signifique pretender diluir la responsabilidad ética, política, y penal de los autores del crimen y del siniestro proceso de encubrimiento).
La falta de voluntad política de la nueva élite gobernante para ir a una investigación a fondo del caso y la falta de capacidad autocrítica de nuestra sociedad terminó inhibiendo el potencial transformativo y democratizador que tuvo la movilización social en sus orígenes. La trayectoria política del Frente Cívico muestra ese proceso. Un recambio de élite que se dio en un contexto de demandas de cambio de régimen y que pudo haber avanzado en tal dirección, pero que no lo hizo. Lo que hubo fue un cambio de élite en el control y manejo del aparato estatal, pero sin cambios sustantivos en el régimen político.
Tras 20 años de ejercicio del poder del FCS, los rasgos estructurales del régimen político han ido saliendo a la superficie y se han ido haciendo cada vez más evidentes: clientelismo, nepotismo, patrimonialismo, autoritarismo y corrupción. Los cambios de matices, de estilo y de grado que se pueden señalar entre los interregnos respectivos del saadismo, el castillismo y el brizuelismo son diversos y admiten múltiples análisis. Muy esquemáticamente se podría decir que de un formato carismático-populista se pasó a otra modernizadora-tecnocrática, y de ésta a la actual versión más clásicamente oligárquica, de modernización conservadora y con matices chauvinistas.
Más allá de las diferencias, es claro que, tras 20 años en el poder, el FCS no significó un cambio en el régimen político catamarqueño. Queda para otra oportunidad discutir si ‘no pudo’ o ‘no quiso’. Probablemente debiera ser el eje del debate al interior de esa fuerza política.
De todas maneras, en este sentido creo que puede leerse como auspicioso el resultado de las recientes elecciones pasadas. Independientemente de los méritos objetivos y las reales intenciones de sus circunstanciales beneficiarios, es claro que la sociedad catamarqueña votó mayoritariamente por un cambio, o quizás, más tímidamente, contra el continuismo.
Mal que les pese a propios y extraños, la fugaz e inesperada exhumación política de la figura de Ramón Saadi –hecho insólito sólo atribuible a la conjunción de la impericia política de la candidata electa con la inescrupulosa operación de prensa montada por la gran corporación mediática anti-kirchnerista- sirve, al fin y al cabo, para evidenciar las (escasas) distancias objetivas finalmente existentes entre aquel gobierno-época y la versión actual del Frente Cívico. Con diferencias de grado, escala y estilo, ambos expresan, en última instancia, lo mismo en términos de régimen político. La sociedad catamarqueña leyó eso y terminó volcándose en las urnas por terminar con ‘más de lo mismo’.
Aunque basado en un análisis realista no hay motivos objetivos para atribuirle méritos propios al frente partidario triunfante en la capitalización de la voluntad de cambio, así como tampoco para abrigar demasiadas expectativas en tal sentido, a los eventuales vencedores les convendría prestar seria atención de ese ‘mensaje de las urnas’ e intentar una gestión acorde a esa demanda. Sería saludable para las élites políticas –de uno y otro bando- que fueran capaces de tomar nota de que el electorado catamarqueño –pese a muchos condicionantes adversos- se animó por una vez, a votar un cambio. Y ese voto puede interpretarse lógicamente como un voto no sólo contra el re-reeleccionismo, sino más bien contra los peores rasabios ya indicados de un régimen oligárquico: nepotismo, autoritarismo, patrimonialismo, clientelismos,y corrupción.
Insisto, sin considerarla objetivamente una expresión genuina de cambio, el Frente para la Victoria ha capitalizado el voto por el cambio. Un cambio de régimen, no sólo de estilos y formas. Habrá que ver qué hace –qué ‘quiere’ y qué ‘puede llegar a hacer’- en tal sentido. Su suerte y su tiempo de vida político estará atado a esa medida.
Por lo demás, más que descansar en una pasiva espera sobre lo que el frente electo pueda llegar a hacer, como ciudadanía nos convendría ejercitar los músculos de la participación, la movilización y la demanda crítica. Las posibilidades de ampliar y mejorar formal y sustantivamente las condiciones democráticas e igualitarias de nuestra vida colectiva dependerán decisivamente de ello.
3.- Las elecciones y la cuestión minera.
Más allá de la continuidad de su régimen político, desde los últimos años del siglo pasado una transformación estructural ha venido produciéndose en la provincia: la creciente transnacionalización fragmentada de su territorio, apropiada por el gran capital para usufructo de bienes y servicios ambientales estratégicos . La instalación del enclave exportador minero es el emblema por antonomasia de este proceso que, en términos políticos, no ha afectado la estructura oligárquica del régimen, sino que ha tendido a consolidarlo. La excentricidad de las explotaciones mineras transnacionales no sólo es económica, sino también social y política: no sólo no ha implicado una articulación y dinamización con la estructura productiva local preexistente, sino que tampoco ha supuesto la radicación de fracciones nuevas de burguesía que dinamicen la disputa interna del poder local. Más bien, anclada en el pacto de gobernabilidad fiscal, la renta minera ha tendido a alimentar y profundizar los rasgos estructurales de la configuración oligárquica del régimen político local.
La lumpen-burguesía local resultó, hasta ahora, incapaz de articular procesos productivos endógenos que dinamicen la economía local, más allá del extractivismo minero. La renta minera ha sido el principal combustible que ha traccionado la expansión del clientelismo (el mayorista y el minorista). Obras públicas –muchas de ellas de dudosa utilidad y prioridad sociales-, planes asistenciales diversos y variados, un minoritario segmento de ‘nuevos ricos’, una ‘intelligetzia’ tecnocrática ávida de movilidad social y con ínfulas ‘modernizadoras’, en el marco de las ‘familias notables’ de siempre, y la ‘masa de asalariados’ dependiente del estado, es lo que a grandes rasgos deja ver el paisaje social post-minero. Como puede apreciarse, nada muy diferente del contexto previo.
La reacción de los movimientos socioambientales en la provincia, con sus ramificaciones y articulaciones hacia el interior y el ‘exterior’ (ese tan temido y demonizado colectivo de ‘foráneos’ –de otras provincias!!- que vinieron a ‘entrometerse’ en los asuntos provinciales), ha sacudido, en los últimos tiempos, a la anestesiada sociedad catamarqueña. Adormecida por los placebos consumistas –ya en su condición de ‘población asistencializada’, ya en la de ‘nuevos y pujantes’ grupos de negocio- la mayoritaria sociedad catamarqueña, en particular, el núcleo urbano concentrado en el Gran Catamarca, había, hasta hace poco, permanecido al margen del debate minero, entre el desconocimiento, la indiferencia y la resignación. Sin embargo, el crecimiento de los niveles de movilización y la capacidad acumulada de resistencia de los pequeños grupos asamblearios surgidos no sólo en las principales localidades del interior, sino también en la capital, han logrado dar visibilidad pública al rechazo a estas explotaciones y poner en el centro de la agenda política local el debate por la cuestión minera. La conciencia política del pueblo de Andalgalá, y los cruentos episodios de represión e impunidad judicial estatal desencadenados el 15 de febrero del año pasado, han sido el detonante de un creciente descontento y hasta rechazo al ‘modelo minero’ impuesto.
El rotundo fracaso del ‘modelo de desarrollo minero’ ha sido francamente admitido incluso por quienes suelen oficiar como voceros de sus intereses y hasta como propios aliados. En sendas editoriales la empresa periodística El Ancasti daba cuenta de los decepcionantes resultados . Ácida en la descripción de la sintomatología, el análisis del principal vocero de la minería jugaba, sin embargo, sus piezas en el amañado diagnóstico y las interesadas ‘soluciones’ propuestas. Para la ventrílocua voz de las mineras, el problema era de ‘falta de comunicación’ y de ‘mala administración de los recursos’; el gobierno habría realizado una mala inversión de la renta minera y por eso el ‘tan ansiado desarrollo’ no había llegado:
“El creciente deterioro de la legitimidad social que sufre la minería en nuestra provincia demanda adoptar y aplicar en forma urgente políticas encaminadas a insertar esta actividad en la cultura productiva catamarqueña, consolidando condiciones para que pueda desarrollarse con el apoyo de la comunidad. La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del Oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura. Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, 7 de cada 10 ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras. Mientras que en Santa María, la oposición ronda el 60%. (…) Sabemos ya cuáles fueron los errores que llevaron a la situación que se vive, de la que son responsables las autoridades políticas tanto como las propias empresas mineras. (…) La falta de información es aprovechada para desinformar por los sectores interesados en demonizar la minería, a la que postulan, sin sustento, como la causa de un sinnúmero de males mientras difunden apocalípticas profecías. No puede negarse el éxito que los enemigos de la minería han tenido hasta ahora en sus objetivos de atemorizar a la población. Pero el discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por el contrario, se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada mayormente en aras del clientelismo y la corrupción”. (“La minería hoy. Señor gobernador, es imperioso intervenir”, Silvio Zitelli, El Ancasti, 17-06-10. Resaltado nuestro).
No obstante, es claro que la cuestión del descontento no se resuelve ni con ‘más comunicación’ (casi un obsceno llamado al gobierno y a las mineras a invertir más en publicidad!) ni con ‘mejor inversión de los recursos mineros’. En diferentes códigos y con distintas tonadas, las elecciones pasadas pueden también consistentemente leerse como un rechazo mayoritario a la ‘política minera’, una auténtica ‘política de estado’.
El rechazo a la continuidad del Frente Cívico en buena medida ha estado canalizando un voto castigo al autismo y autoritarismo con que el oficialismo provincial ha manejado la cuestión minera: ante las innegables posiciones mayoritarias en contra de la minería en las poblaciones más directamente afectadas, el gobierno ha optado por hacer caso omiso, y arremeter con prepotencia, a fuerza de represión y más dádivas. La violencia institucional de la prohibición de consultas populares locales (en diciembre de 2007 en Tinogasta y en mayo de 2010 en Andalgalá), se ha sumado a la violencia económica de la extorsión y el festival clientelar (público y privado, este último bajo la forma ideológica de la ‘responsabilidad social empresaria’). No siendo éstas suficientes, el 15 de febrero de 2010, se recurrió a la violencia represiva como recurso de última instancia para intentar imponer la ‘voluntad extractivista’. Pero la represión, la impunidad de los represores y sus responsables políticos, la criminalización y judicialización masiva de vecinas y vecinos de nuestros pueblos del interior, no lograron su objetivo de quebrar la resistencia. Por el contrario, la salida autoritaria fortaleció más bien el sentido de dignidad y autoestima de los pueblos y contribuyó a extender las solidaridades del movimiento hacia otros sectores sociales.
Las elecciones pasadas, a nivel provincial, han sido un ‘voto castigo’ a una política oficial minera que pretendió imponerse a fuerza de atropellos y violaciones en contra de la voluntad popular; hoy se diría “les guste o no les guste”, la frase que está en boca de todos y que resume todas las soberbias.
Si puede resultar discutible para algunos esta interpretación en el nivel provincial, en el plano de las elecciones locales no hay lugar a dudas. Andalgalá y Tinogasta expresaron elecciones plebiscitarias sobre la cuestión minera. En ambos distritos se impusieron claramente candidatos que hicieron campaña con el rechazo a Agua Rica y a la minería de uranio concretamente, y que contaron, por eso, con el respaldo de los votos locales. En municipios de Belén y Santa María, los oficialismos pro-mineros sufrieron sendas derrotas; los candidatos electos, de mínima, se cuidaron de tomar una postura a favor de las mega-explotaciones transnacionales.
El triunfo del rechazo al modelo minero ha sido categórico y contundente. En Tinogasta y Andalgalá, los intendentes electos –como el resto del espectro político- tienen clara conciencia de que triunfaron con el voto ‘anti-minero’. Por cierto, en tiempos de oportunistas y mercaderes de la política, esto no significa que no haya ningún riesgo de defraudación a la voluntad popular. Tenemos dolorosa memoria del vergonzoso caso ‘Beder Herrera’, pero los candidatos electos bien harían en suponer que el costo político de la defraudación democrática puede ser mucho más alto que gobernar ‘sin el apoyo’ de los oficialismos pro-mineros de la provincia y de la Nación. Por una vez, al menos, podrían probar de respaldarse y construir sus bases de poder en el respeto a la voluntad popular.
Por otro lado, las localidades del interior, esas que el poder colonial quiere convertir en ‘pueblos mineros’, han dejado también otro mensaje. El rechazo a la mega-minería es un rechazo liso y llano; no es una decisión ‘intercambiable’ por más planes, más ‘obras’ o más inversión; es un cuestionamiento a todas las adjetivaciones eufemísticas con las que se ha pretendido disimular la destrucción y el saqueo ecológico, económico, político y cultural de los territorios y las poblaciones afectadas: ni ‘responsable’ ni ‘sustentable’; ni ‘con controles’. Este tipo de explotaciones, con las tecnologías extractivas y de control social que implican, no cuentan con la licencia social de las poblaciones. El rechazo a la ‘política minera’ no es un reclamo sólo por más controles, por más o mejores obras, por un ‘mayor derrame’ local. Lo que los movimientos socioambientales locales estamos diciendo con el ‘NO A LA MINERÍA DE ENCLAVE’ ES ESO: NO. Eso debe ser respetado.
Y esto, en tal sentido, es un mensaje para el nuevo poder provincial electo. En este plano, todas las declaraciones tibias y oportunistas de crítica a la ‘gestión minera’ que el Frente para la Victoria ha cargado sobre el Frente Cívico, no alcanzan para disimular el mismo escuálido proyecto de gobierno que tiene, fundado en la administración (esta vez ‘más eficiente’, se promete) de la renta minera.
Si cuesta mucho creer que el FV va a encarar un cambio –en algún sentido significativo- a nivel de régimen político, creerlo que lo va a hacer -motu proprio- en materia de política minera, es lisa y llanamente una dolosa ingenuidad política. Todos los ‘maquillajes progres’ y las cirugías ‘nacional-populares’ que puede ensayar el kirchnerismo se diluyen y muestran su cara más perversa en el ámbito de la ‘política minera’, una política -como quieren los administradores globales del poder-, realmente ‘seria’, una ‘política de estado’, es decir, una política sustraída de la voluntad y la decisión de las poblaciones, y que sigue el ‘indeclinable dictado’ del poder real, en este caso, de las corporaciones.
Todos lo sabemos. El kirchnerismo es Mayoral; es Gioja; es Beder Herrera; también, las frecuentes y obscenas reuniones y almuerzos entre Cristina y Peter Munk, Ceo de la BArrick; es el esponsoreo de la Barrick en actos de campaña y de gobierno; el veto a la ley de Glaciares y, como ‘salida decorosa’, el bloqueo judicial a la ley finalmente sancionada por la movilización social; la declaración de interés nacional al proyecto extractivo de Potasio-Río Colorado; el Plan Minero Nacional, y las políticas de reactivación de las explotaciones y fuentes de energía nuclear.
Mal se podría esperar que -insisto, motu proprio-, el nuevo frente gobernante procure un cambio en relación a la política minera. Sin embargo, sabe que la ciudadanía catamarqueña votó por un cambio; y en todo caso, algo deberán ensayar e intentar en tal sentido, sobre todo, si quieren durar algo más que cuatro años. (Por lo pronto, convendría por dar ‘muestras de buena fe’ y plasmar en la realidad el proyecto de des-adhesión a la Ley de Inversiones Mineras (24.196) que algunos de sus legisladores ‘presentaron’ en épocas de ‘oposición’).
De la maduración política y la capacidad de resistencia y movilización de la población concientizada dependerá que las y los catamarqueños no nos conformemos ni nos resignemos a cambios meramente cosméticos. He ahí la madre de los desafíos políticos que tenemos como sociedad. En esa lucha, van aunadas la suerte por una mayor democratización política –que insoslayablemente implica el desafío de una mayor equidad y justicia social-, y por la recuperación y preservación de la base ecológica de sustentabilidad de nuestro territorio.
La articulación del movimiento social, en su diversidad y pluralidad, y la canalización de su expresión en el plano político electoral fue, es y seguirá siendo por bastante tiempo más, todo un desafío. Las diferentes ‘ofertas electorales’ pueden en varios casos haber dividido y fragmentado más todavía un espacio social y político que no llega a construir bases sólidas de confianza, solidaridad y capacidad de articulación política. Personalmente, creo que ha sido un grave error táctico y estratégico la confrontación entre el Partido Obrero y el emergente espacio de Proyecto Sur. La articulación de estas fuerzas, una ya consolidada y otra muy incipiente, cada una con sus ventajas y desventajas, se me ocurre que más que sumar, multiplicaría. Nos hace falta crecer mucho en capacidad de diálogo, en poder anteponer coincidencias estratégicas a diferencias coyunturales, a respetarnos en la diferencia y a tener vocación de construir poder popular, contrahegemónico… Mucha pedagogía política, en el sentido freireano, nos falta aún construir… Pero sería bueno, dar-nos cuenta de los pasos dados y de todo lo que podríamos todavía andar…
