Pongamos frenos a las corporaciones Susan George

Pongamos freno a las corporaciones: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Susan George ALAI AMLATINA, 13/06/2012.- El capitalismo está en problemas. Seguramente no lo suficiente, pero tiene que lidiar con asuntos mucho más complejos que aquellos que enfrentaba hace una o dos décadas. No festejen – ni lloren – todavía. Un animal hambriento, acorralado, es más peligroso que uno bien alimentado, libre. El capitalismo se pregunta en cada momento, de dónde va a venir su próxima comida. Desde que el neoliberalismo se volvió el modelo económico dominante a inicios de los años 80, y que el FMI ha impuesto los programas de ajuste estructural, primero en los países endeudados del Sur y ahora en Europa, los servicios públicos, en su mayoría, han sido privatizados. Pero esto no basta. Las corporaciones quieren que todos los servicios públicos se vuelvan una fuente de lucro, a la vez que no tienen inconvenientes en dejar las pérdidas al sector público. Las nuevas fronteras del asalto capitalista son la salud (a través de los seguros de salud u hospitales con fines de lucro), escuelas (con sistemas de bonos) y cárceles (con una cuota de ocupación garantizada…). La mayoría de los recursos naturales ya se han convertido en commodities, pero no todos: gran parte de la tierra y del agua se mantienen fuera del control corporativo. Pero el contexto ha cambiado desde 2008, cuando los precios mundiales de los alimentos se elevaron exponencialmente. Ahora el acaparamiento de tierras está arrebatando decenas de millones de hectáreas a quienes tradicionalmente las han trabajado, poniéndolas para el uso corporativo, destinado a la exportación. El agua es vista como un producto capitalista perfecto – es indispensable, no puede ser sustituido y su mercado crece a medida que crece la población. El capitalismo es muy imaginativo y ha creado una miríada de mercados de la nada, especialmente para innumerables productos financieros, particularmente derivados. El comercio en los mercados de derivados es de aproximadamente US $ 2,1 billones (2.100.000.000.000) por día. El dinero en sí es el commodity más comercializado y las operaciones de cambio llegan a $4 billones por día. Ambos mercados aumentaron en un 25% desde 2008, cuando se desató la crisis financiera. Las nuevas categorías de servicios como la “protección y restauración de ecosistemas” representan una nueva frontera. El mundo de los negocios espera y prevé que la conferencia Rio+20 legitime al “mercado” como la solución para todos los problemas ambientales, considerando que el mercado de carbono sea tan solo el inicio. Desde la óptica del capitalismo, todo lo que está en la Tierra –animales, vegetales, minerales, sólidos, líquidos o gaseosos, lo material o lo inmaterial– puede tener un precio, ser comprado y vendido. El dilema de la regulación A medida que el sistema corporativo transnacional se extiende hacia un territorio que está siempre en expansión, el dilema de la regulación se torna más agudo. Cualquier sistema requiere reglas y en los países más ricos hay un nivel razonable de regulación de las corporaciones industriales; por esta razón, entre otras, se desplazan a los países más pobres. Es más fácil, por ejemplo, que quede impune un importante derrame de petróleo en Nigeria que uno en la costa sur de Estados Unidos. Las corporaciones financieras han sido más hábiles que las industrias pesadas cuando se trata de eliminar los controles. La industria financiera gastó alrededor de US $5 mil millones en el cabildeo a lo largo de la década del 90, para deshacerse de todas las regulaciones bancarias derivadas del New Deal de 1930. La consecuente falta de restricciones fue la principal causa del consiguiente desastre. Aún vivimos con los resultados del desastre provocado y probablemente lo peor esté por venir. El sistema corporativo es peligroso porque está muy interconectado y muy concentrado. En un brillante documento, tres matemáticos especializados en la teoría de los sistemas complejos mapearon el universo corporativo.(1) Comenzando por una base de datos de la OCDE de 43.000 Empresas Transnacionales (ETNs), trazaron todas las complejas interconexiones financieras entre ellas y mostraron que 80% del valor de esas 43.000 ETNs está en manos de sólo 737 de ellas. Y se pone peor, ya que, siguiendo las inter e intra inversiones y la participación de unas en los negocios de otras, vieron que sólo 147 ETNs retenían 40% del valor de todas las ETNs del mundo. Y el hallazgo más impactante del texto es que las primeras 50 de estas ETNs altamente interconectadas –con la única excepción de Walmart– son todas mega corporaciones financieras (45) o compañías de seguros (4). Esto es lo que los autores llaman “modelo al filo de la navaja”: si la economía va bien, el sistema parece robusto. Pero un accidente en cualquiera de estas primeras 50 ETNs podría rápidamente volverse una crisis demoledora para todo el mundo y hacer que la caída de Lehman Brothers parezca trivial. La verdad que debemos reiterar es que estamos viviendo al filo de la navaja. Las corporaciones transnacionales industriales pueden ser malas, pueden ser una plaga para la vida de tal o cual comunidad o evadir impuestos en todas partes; pero los peores y los más amenazantes son los grandes bancos y fondos de inversión libre (hedge funds). Tienen el poder de destruir incluso a las corporaciones hermanas, destruirse entre ellas y precipitar el mundo al caos. Coaliciones y alianzas ¿Qué hacer, entonces, y quién lo puede hacer, para someter a controles a estos monstruos, si, de hecho, controlarlas fuera posible? Tomemos primero el caso de una comunidad que enfrenta la destrucción – social y/o ecológica – causada por una empresa específica en un lugar específico. Esta es una situación que probablemente enfrentan muchos lectores de ALAI. La compañía A contamina el río local y los habitantes comienzan a enfermarse; la Compañía B discrimina y acosa a las mujeres; la Compañía C se niega a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y está intentando romper el sindicato – todos conocemos estas historias, lo que cambia son sólo algunos detalles. La forma ideal de acción sería la vía legal –tener leyes internacionales vinculantes que pudieran ser usadas contra ellas– pero no contamos aún con esos medios. Entonces, la otra opción que podemos impulsar frente a las ETNs es, primero garantizar que exista una sólida coalición de intereses en el lugar y segundo identificar y establecer vínculos con grupos similares en el lugar donde la compañía tiene su sede central, casi invariablemente en el Norte. Si el caso contra la empresa se sustenta en una poderosa y persuasiva investigación (de las cuales muchos ejemplos se presentan en los Tribunales de los Pueblos) y si en el Norte, donde se encuentra la sede, se mantienen informados los grupos de apoyo y se les pide cosas específicas, se le puede hacer la vida bastante incómoda a la corporación desde el punto de vista de las relaciones públicas. Tal vez existan posibles alianzas allí donde no miramos. No olvidemos, por ejemplo, la capacidad de las iglesias locales para vincular el Sur con el Norte y vice-versa. Los boycots nacionales e internacionales a veces pueden funcionar, pero necesitan una larga y cuidadosa preparación para ser exitosos. Sin embargo, aun si las victorias son necesarias y satisfactorias en algunos casos, todos podemos acordar que no limitan el poder del sistema en sí; para eso debemos buscar la solución en otro lado. ¿Qué decir sobre la RSE, la famosa Responsabilidad Social de las Empresas, inventada por empresarios, que reivindica que las corporaciones pueden auto-controlarse y auto-regularse? No niego que algunos altos gerentes sean ciudadanos modelo y que algunas corporaciones realmente tratan de hacer lo mejor para su gente y sus comunidades donde sea que estén, pero seríamos necios si esperáramos que la RSE rectifique todos los abusos corporativos. Una vez dije, durante una charla, que el Buen Ciudadano Corporativo es aquel que paga sus impuestos, todos sus impuestos, en todas partes. Un abogado que estaba cerca mío en el panel me miró horrorizado y explicó como si hablara a una niña, que su trabajo era ayudar a sus clientes corporativos a evadir los impuestos, lo máximo posible. Estamos muy lejos de poder eliminar los paraísos fiscales o de imponer una legislación sobre la información tributaria país por país que podría eliminar la fijación de precios de trasferencia, pero hoy es posible que los programas de austeridad en Europa mantengan concentradas las mentes de los gobiernos del Norte simplemente por que ahora necesitan de todos los ingresos que puedan recaudar, al igual que los gobiernos en el Sur. Juntos, es posible que podamos conseguir que nuestros gobiernos actúen conjuntamente: deben obligar a las corporaciones a pagar lo que corresponde a cada tesoro nacional en cada jurisdicción donde tienen actividad. En el sistema actual, todos perdemos, menos los accionistas de las empresas y los altos ejecutivos. Y no es necesario reinventar la rueda: la Red para la Justicia Fiscal es internacional y ya hizo toda la investigación y el trabajo preliminar(2). Nadie admira más que yo a las campañas específicas, contra las industrias extractivas, por los derechos de los pueblos originarios, por el derecho a la alimentación y al agua, etc. Sin embargo, lo más importante, desde mi punto de vista, porque va al corazón de nuestro sistema brutal e inestable, es que es necesario crear alianzas globales para controlar las finanzas. Necesitamos impuestos a las transacciones financieras (también conocido como tasa “Robin Hood”) para disciplinar a la especulación y usar los ingresos para reparar el daño ecológico y social ya causado a las comunidades y a la Tierra. Necesitamos cobrar impuestos a las empresas país por país y cerrar los paraísos fiscales que también impiden que los gobiernos recauden por lo menos $250 billones por año en impuestos. Necesitamos anular completamente la deuda pública de los países que aún están bajo los programas de austeridad del FMI, particularmente en África Subsahariana. Otra excelente iniciativa sería revisar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, así como desmantelar buena parte de los nuevos Acuerdos de Libre Comercio regionales o bilaterales que son todos “OMC plus” y les dan aún más ventajas a las corporaciones. Algunos éxitos, por ejemplo contra las coeorgempañías farmacéuticas, muestran que es posible hacerlo. Sin embargo, en un mundo globalizado, esto no puede hacerse sin alianzas. Hoy, ningún grupo de interés, por decidido que esté, puede ganar por sí solo. Esto significa que debemos aprender a trabajar juntos, generalmente con gente a quien no conocemos y esto no puede hacerse por internet. El debate y la discusión son necesarios para que la gente se dé cuente que en el fondo, sindicalistas, campesinos, ecologistas, mujeres, estudiantes, académicos, jubilados y otros tienen las mismas necesidades y comparten los mismos intereses. No necesitamos ponernos de acuerdo en todo para hacer algo juntos. De hecho, es la única forma de ganar. (Traducción: ALAI). - Susan George es autora y Presidenta de la Dirección del Transnational Institute. Su último libro en español es: Sus Crisis, Nuestras Soluciones. (Editorial Icaria). Notas: (1) Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.0025995 (2)www.taxjustice.net

Organizaciones indígenas frente a Río+20

Posicionamiento hacia Río+20 Por un nuevo paradigma civilizatorio: Buen Vivir en armonía con la Madre Tierra para garantizar la vida Los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones nos dirigimos a los Estados miembros de las Naciones Unidas, a sus representantes en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20, a las instituciones financieras internacionales, a las empresas multinacionales, a los movimientos indígenas y movimientos sociales del mundo, para plantear nuestras propuestas, sustentadas en nuestros saberes y prácticas ancestrales del Buen Vivir como alternativas a la crisis climática y a la crisis de civilización que sacuden el planeta; para decir que es indispensable y urgente que Río+20 signifique la ruptura con el capitalismo desarrollista depredador y la adopción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el diálogo y la armonía con la Madre Tierra. Estamos convencidos de que en el marco del sistema capitalista no es posible hallar soluciones a la crisis climática. Los Estados toman acuerdos en las conferencias internacionales para luego hacer exactamente lo contrario en sus países. Entre su obligación de proteger derechos y salvaguardar la vida y servir a los intereses de las corporaciones multinacionales, optan por lo segundo. En la Cumbre de la Tierra Río’92, 178 países aprobaron la Agenda 21, un conjunto de medidas a aplicarse en todos los ámbitos en los que los seres humanos afectan a la Madre Tierra. Veinte años después, los Estados, antes de tomar nuevos acuerdos, deben evaluar autocríticamente cuánto se ha cumplido de la Agenda 21. Ahora, en Río+20, retoman el tema del desarrollo sostenible e introducen el de economía verde. La agenda está marcada por los negocios y se orienta a la mercantilización de la Madre Tierra, solo busca fortalecer el capitalismo. Pretenden imponernos un pensamiento único, cuando hoy más que nunca es indispensable incorporar todos los pensamientos, todas las cosmovisiones y todas las culturas al debate y la construcción de propuestas. En las cumbres de desarrollo sostenible y las conferencias de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas los países ricos eluden su responsabilidad, se niegan a modificar sus patrones de consumo, a reducir sus voluminosas emisiones de gases de efecto invernadero y solo acuerdan falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado. Los Estados andinos carecen de políticas públicas para la protección de los glaciares, los páramos, el agua y la biodiversidad andina. Esto es producto de la presión de las corporaciones multinacionales que imponen las políticas económicas extractivistas que los gobiernos implementan. La minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes de agua. Para facilitar el saqueo de los bienes naturales por las actividades extractivas, los Estados acuerdan megaproyectos como los de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y firman con los países industrializados tratados de libre comercio que impactan sobre los derechos de los pueblos y sobre la naturaleza. Las protestas ante estos atropellos son respondidas con la criminalización y con la militarización de los territorios. Los pueblos indígenas andinos proponemos: Pilar cultural: Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. No como folclor sino como el reconocimiento de una propuesta civilizadora emancipadora. La diversidad natural y la diversidad cultural están ligadas y deben ser igualmente protegidas. Demandamos a los Estados políticas públicas interculturales en salud, educación, justicia y todos los campos de la actividad humana. Estándares de derechos: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de los organismos internacionales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica deben ser incorporados como estándares de derechos para la implementación del desarrollo sostenible. El consentimiento previo, libre e informado debe ser el estándar aplicable en todo lo que afecte a los pueblos indígenas. Derechos de la Madre Tierra: La adopción por las Naciones de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra. Esto debe ser vinculado a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática que sancione las violaciones a los Derechos de la Madre Tierra por parte de los Estados y las corporaciones multinacionales, que deben reconocer y pagar su deuda histórica con los pueblos y con la naturaleza. Participación plena: Garantizar la participación plena y efectiva de todas las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas la de los pueblos indígenas, en todos los espacios (nacionales, regionales y globales) de debate de planes, programas y proyectos relacionados con el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía. Implementación del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, con sus propios espacios y herramientas y la concesión de espacios radiofónicos, televisivos y en todos los medios de comunicación. Agua, biodiversidad y minería: Reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, páramos, zonas de alta biodiversidad. Medidas efectivas para la conservación de estas zonas, declarando su intangibilidad para las actividades extractivas y entregándolos en custodia a los pueblos indígenas, que hemos sabido cuidarlos durante miles de años. Moratoria y regulación real a las actividades mineras en territorios indígenas, por ser fuente de enormes impactos. Conocimientos tradicionales: Efectivo reconocimiento y real protección de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y sus sitios sagrados. Estos saberes deben contar con salvaguardas y no pueden ser violentados por ningún acuerdo normativo de protección de la propiedad intelectual a favor de empresas privadas. Incorporación de los conocimientos ancestrales en el sistema educativo. Diversidad de economías: Reconocimiento de los diversos modelos económicos, locales y comunales y no de una sola economía verde. Orientar las economías hacia la satisfacción de las necesidades de todos y todas, no hacia el híper-consumismo, la acumulación individual y el enriquecimiento ilimitado de las corporaciones multinacionales. Frente a la competencia, planteamos la reciprocidad y la complementariedad. Mujeres indígenas: Incorporar la visión y participación de las mujeres indígenas en todos los espacios de discusión sobre pueblos indígenas. Reconocer a las mujeres indígenas como dadoras de vida y transmisoras de los conocimientos ancestrales, así como ejes fundamentales para el mantenimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y del mundo. Hacer explícitos los efectos del cambio climático para las mujeres indígenas y acordar medidas para afrontar estos problemas. Garantizar a las mujeres indígenas el derecho al acceso a los territorios para asegurar la supervivencia de los pueblos. Junio del 2012, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador - ECUARUNARI Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu -

UBA: Carta Pública de Edurdo Gruner

CARTA PÚBLICA A (TODOS) LOS MIEMBROS DE LA UBA Eduardo Grüner Compañeros, colegas, amigos, conocidos, “público en general”: El conflicto por los horriblemente llamados “jubilables” de la UBA podría estar alcanzando en las próximas semanas un punto culminante. Ya ha habido notas en los medios, programas de radio, circulan solicitadas y petitorios, hay miles de firmas en solidaridad con los afectados, y el 8 de junio se está preparando un gran acto bajo el formato de “clase magistral” a cargo de algunos / as afectados / as, deseablemente con presencia de los medios y de legisladores que votaron la Ley 26508 del año 2009, y que el rectorado desobedece con argumentos francamente deleznables. Todo esto, sin embargo, con ser mucho, todavía no es suficiente. Ni siquiera todos los afectados, menos aún todos los miembros de la comunidad universitaria, no digamos ya la sociedad argentina en general –que es la que sostiene a la UBA con sus impuestos-, tiene una idea acabada de lo que se está jugando, de la ferocidad inaudita de esta embestida contra la mayor casa de educación superior del país (y probablemente del mundo: sí, del mundo , puesto que con nuestros 320 000 estudiantes ya somos más grandes que la UNAM, que tiene 14 veces más presupuesto que la UBA). La posible “liquidación”, por medio de una acción ilegal , de alrededor de 650 docentes de todas las categorías es una amenaza que de ninguna manera pierde su vigencia por el hecho de que sus designaciones hayan sido precariamente renovadas hasta el 31 de julio. Más bien al contrario, esta “renovación” se vuelve harto sospechosa justamente porque ha trascendido la promesa “extraoficial” de que luego se extenderá hasta el 31 de diciembre (y no al 31 de marzo, como es la costumbre académica): ¿por qué entonces no hacerla directamente hasta esa fecha (lo cual de todos modos sería improcedente, pues debería hacerse al menos por cinco años más)? ¿se está especulando con un “retroceso” motivado en nuevas “esperanzas” que permita seguir con las acciones? En todo caso, es un método que bien puede calificarse de sembrador de terror: crea incertidumbre, nadie está seguro de si le va a tocar o no, etcétera. Y no son solamente los mayores de 65 años los que de pronto han sido sumidos en ese túnel de inseguridad: ya los que hoy tienen 63 o 64 tienen que ir poniendo “las barbas en remojo”. Sea como sea, de lo que se trata es de un gigantesco ajuste , no solamente económico, sino integral. Ya sería suficientemente catastrófico que se lograra echar (porque eso es lo que es: un despido sin preaviso ni indemnización, disfrazado de “jubilación” forzada e –insistamos en esto- ilegal ) a la “materia gris” más probada y de mayor experiencia de la Universidad, hombres y mujeres en plena actividad productiva en los campos de la enseñanza, la investigación, la extensión y la transferencia de saberes de todo tipo, la publicación de libros y artículos, y a la cual se la maltrata y humilla de la manera más desconsiderada haciéndole saber vía Banelco que no existe más para la Universidad, después de haber servido lealmente a la UBA durante décadas, y sin considerar la situación particular de tantos de ellos / as que por la propia historia del país de la cual fueron víctimas (exilio, imposibilidad de trabajar durante la dictadura) no ha podido sumar los años de aporte necesarios para recibir una jubilación digna, o que aún sumándolos, y creyéndose “amparados” por una Ley (votada por unanimidad del Congreso de la Nación en 2009), no ha iniciado sus trámites de jubilación, con lo cual de un día para el otro y sorpresivamente se los deja en la calle en el más pleno desamparo –situación doblemente grave en las facultades “no profesionalistas” donde la mayoría de los afectados vive exclusivamente de la docencia-. Hasta la peor de las empresas privadas está legalmente obligada a dar un mes de preaviso y la indemnización correspondiente al empleado que despide. La UBA, evidentemente, no. Pero aún al mergen de tales consideraciones “humanitarias”, esta política intempestiva atenta de manera brutal contra la normalidad del trabajo académico en general. Significa el desmantelamiento de cátedras enteras, de equipos de investigación, de colectivos de producción científica e intelectual en todos los campos del conocimiento. Vale decir: no se trata tan sólo de los directamente golpeados, lo que ya sería suficientemente grave. Es toda la comunidad universitaria (docentes y estudiantes), es toda la práctica vinculada a la creación de saber la que sufrirá un empobrecimiento desastroso. Pero este es sólo un aspecto. Este “ajuste” viene a sumarse a los tantos otros “ajustes” permanentes con los que tenemos que convivir, y que en cierto modo hemos “naturalizado”: por ejemplo, la existencia de algo así como un 30 % de docentes de la UBA llamados ad honorem , que sostienen las “trincheras” de la enseñanza, y a los que se les hace el “honor” de permitirles trabajar sin cobrar un centavo (o sea, poniendo plata de su bolsillo para trasladarse, comprar libros y materiales y demás), en lo que significa de hecho un sistema de trabajo cuasi-esclavo; o la existencia, entre los que sí cobran un magro salario, de algo así como un 70 % de docentes “interinos”, no-concursados, vale decir “inestabilizados” por la desidia, el atraso o el desinterés (desinterés bien interesado , en muchos casos) en el llamado y sustanciación de los concursos (vale la pena recordar que uno de los argumentos contra los “jubilables” que sí están concursados es que sus concursos están vencidos, como si su no renovación fuera culpa de las víctimas). Es decir: bastan estos datos rápidos para advertir que la UBA es hoy la institución estatal con el índice más alto de precariedad laboral en todos los sentidos. Algo que debería ser absolutamente intolerable que ocurriera en cualquier lado –sobre todo en épocas en que tanto se nos señala la “recuperación de derechos”-, y con mucha más razón para una institución consagrada a la formación científica, intelectual y cultural de miles y miles de jóvenes que constituyen, también se nos dice, el denominado “futuro de la nación”. Sin embargo –seamos sinceros con nosotros mismos- en general lo estuvimos tolerando . Aunque tenemos nuestras agrupaciones gremiales, nuestros sindicatos y nuestros ámbitos de reunión colectiva, la propia dispersión de nuestra presencia física en las facultades (que en sí misma es una consecuencia del “ajuste permanente”, ya que nuestros edificios no cuentan con los espacios adecuados, en muchos casos ni siquiera los espacios adecuados para trabajar ), sumado a que estamos obligados a correr de un lado a otro para juntar de manera dislocada el dinero para llegar a fin de mes, y a cierto “individualismo competitivo” característico de la naturaleza de nuestro trabajo –muchas veces solitario- ha provocado esa “naturalización” del desastre que estamos describiendo. Pero estamos llegando, al mismo tiempo, al límite de lo soportable. Entendámonos, por favor: se trata de la UBA, un lugar al que muchos amamos sinceramente y le hemos dedicado una buena parte de nuestras vidas. La docencia no es un trabajo de oficina, burocrático, rutinario, donde marcamos el reloj a la entrada y la salida, y de puro tedio nos escapamos a tomar un cafecito cuando el jefe no mira. La docencia es para el docente (primario, secundario o universitario) su existencia misma . Lo que le pase a la UBA nos pasa a nosotros mismos , en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos. Entonces, ¿nuestras cabezas y nuestros cuerpos van a seguir fingiendo que todo esto es “normal”, que quizá tiene sus problemitas y sus molestias, pero nada que no suceda en cualquier trabajo? No, no podemos. Nuestra dignidad humana y la dignidad de la UBA como institución está en la picota. La cuestión es, por otra parte, profundamente política , en el más alto y noble sentido de la palabra. Es hora, en la UBA y en todas partes, de devolverle a esa palabra toda su altura y su nobleza. De no permitir que se la bastardee para los intereses mezquinos de camarillas semiocultas e irresponsables, que producen estos verdaderos atentados, incluso contra el propio lenguaje. Por ejemplo, al invocar nada menos que la “autonomía” (esa gran conquista de la Reforma de 1918) para producir este “ajuste” salvaje contra las propias condiciones mínimas de trabajo en la institución para cuyo trabajo fue conquistada esa autonomía. Es, esa invocación, una obscenidad perversa. La sociedad para la cual trabajamos, la que paga nuestros salarios, no se merece este tipo de afrentas. Es ya en este primer sentido que decimos que la cuestión es profundamente política: en el sentido de que la polis , la comunidad de los ciudadanos, es aquella ante la que debemos rendir cuentas, y es la que en su conjunto debe tomar riendas en el asunto. Pero para que eso sea posible, debemos empezar por informarla y convocarla. Hay también otros sentidos más precisos y “concretos” en los que esta es una cuestión política. Otro de los argumentos “perversos” que se nos da es que los docentes “mayores” deberían dejar el lugar a los más jóvenes que vienen “empujando”. O sea, encima de perjudicarlos abusivamente desconociendo el derecho que les otorga una Ley nacional que contempla la opción por cinco (cinco, no veinte) años más, se los acusa de “taponar” el ascenso de los jóvenes, así como de estar “reteniendo” salarios que podrían usarse para rentar a una parte de los ad honorem . El viejo truco de dividir para reinar. Pero –aparte de expresar una ideología canallescamente neoliberal basada en una competencia “generacional” por el acceso a los recursos escasos- este argumento mezquinamente “administrativista” no resiste el menor análisis de política académica racional: con la mayoría de las cátedras sobresaturadas de estudiantes y subdotadas en términos de recursos humanos (pocos auxiliares sobreexplotados trabajando en la precariedad que ya vimos), lo racional sería desdoblarlas, crear nuevas cátedras para las mismas materias, sustanciar concursos, así “haciendo lugar” para los docentes jóvenes, y al mismo tiempo respetando los derechos de los actualmente al frente de esas cátedras. Por supuesto, ello implicaría la decisión política de pugnar por un sustantivo incremento de presupuesto para la UBA (cuyos recursos están atrasadísimos no solamente en términos salariales, sino infraestructurales, edilicios, etcétera), y esto es lo que la actual conducción de la UBA no está dispuesta a hacer, sustituyendo esa política justa por una verdadera “guerra del cerdo” contra los docentes “mayores”. ¿Por qué no está dispuesta a hacerlo (como tantas otras cosas que harían falta)? Esta es una segunda dimensión de política “precisa y concreta”. La conducción de la UBA es hoy una estrecha entente entre sectores cercanos al gobierno nacional, sectores de la UCR y sectores vinculados al PRO. Los que en el plano de la política nacional aparecen como adversarios irreconciliables conforman al interior de la UBA una bien coordinada SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitadísima) cuya función principal, más allá de los posicionamientos políticos individuales, parece ser la de garantizar la autoreproducción in aeternum de ese círculo de poder, de una suerte de “oligocracia” superestructural ajena a la vida cotidiana, material y concreta de las “bases” (docentes, estudiantes, no-docentes) que sostienen el trabajo universitario día a día, hora tras hora. Discutir a fondo cuestiones como la presupuestaria significaría, para este grupo, entrar en estado de potencial conflicto con el gobierno y los partidos o grupos políticos que los sostienen. Eso –que además implicaría una movilización masiva del conjunto de la comunidad universitaria en apoyo a los reclamos- no pueden permitírselo: pondría en riesgo aquella autoreproducción permanente y su aferramiento al poder. No es verdad que en la UBA haya hoy “democracia”. En los hechos es una ínfima minoría la que está en posición de tomar las decisiones importantes, ya que por ejemplo –en otra vuelta de esta espiral hecha de círculos viciosos- la inmensa mayoría constituida por los docentes “interinos” no tiene derecho a formar parte de los consejos directivos de las facultades sino a través de la muy discutible ficción de los “graduados”. Ni hablemos de un sistema de representación “indirecta” que permite un férreo control de los padrones electorales (y esa es una razón nada menor del “cajoneo” de los concursos, sean puros o de renovación), de tal modo que hace ya décadas que se llega a las Asambleas universitarias sin las potenciales sorpresas proporcionadas por un auténtico debate plural, sino con todo bien “atadito” por los cabildeos desarrollados entre unos pocos en los pasillos y las oficinas oscuras. Hace ya mucho tiempo que se requiere imperiosamente de una transformación profunda de los estatutos de la UBA, y muy particularmente de sus formas de gobierno, una transformación orientada a otorgar una auténtica ciudadanía universal a todos sus miembros, incluso poniendo en discusión muchas características del sistema de “claustros”. Para decirlo sucintamente: en la UBA ya resulta indispensable una gran segunda Reforma Universitaria , que la ponga “al día” con la “democracia radical”. Desde ya: para hacer esto –para hacer algo que no significa ninguna extrema “revolución maximalista”, sino sencillamente poner a la UBA “dentro de la ley”, como cuando se le pide que simplemente acate la Ley 26509- va a haber que pelear; el anquilosamiento en el poder de la SRL es pétreo, y no va a ser fácil sacudirlo. Finalmente, y ampliando el círculo, hay una responsabilidad política del Estado nacional que no puede ser soslayada. La autonomía de las universidades nacionales lo es por supuesto respecto del gobierno, de los partidos políticos, de las empresas y corporaciones privadas y demás. No puede serlo de ninguna manera respecto de la sociedad que la sostiene y para la cual, como ya hemos dicho, la Universidad trabaja. Por otra parte, la UBA no es económicamente autónoma: siendo estatal y gratuita –y esta es una condición que debe ser mantenida y defendida a rajatablas- depende financieramente del Estado nacional. Es también a él, y no solamente al gobierno de la UBA, al que hay que exigirle que se haga cargo racionalmente de su mantenimiento, su crecimiento y su adecuado funcionamiento. Así como es el Estado nacional el que debe garantizar –a través de los mecanismos judiciales y / o parlamentarios que correspondan- que una institución estatal como la UBA acate las leyes del Congreso y el Estado, como en el caso de la 26509. No se puede permitir que nada menos que la Universidad más grande de la Argentina (y probablemente del mundo, como decíamos) esté lisa y llanamente fuera de la ley . Habría muchísimo más que discutir, incluso desde una perspectiva “filosófica” muy amplia. ¿Qué significa en la sociedad actual haber alcanzado la eufemísticamente llamada “tercera edad”? Por poner un ejemplo grosero, ¿significa lo mismo, digamos, para un trabajador minero o un peón rural sometido a intenso desgaste físico, que para un docente universitario o un intelectual en general, que en condiciones normales a esa edad conserva y aún puede acrecentar los recursos de su trabajo mental? El hecho de que el sistema capitalista global esté estructurado sobre una rígida e irracional división entre el trabajo “manual” y el “intelectual” –algo que además en las últimas décadas ha cambiado sustancialmente, por lo menos en las ramas más tecnificadas de la economía- ¿significa entonces que no debemos tomar en cuenta los efectos de esa diferencia, cuando al mismo tiempo nada hacemos para transformar de raíz ese sistema? También podríamos discutir qué significa hoy producir intelectualmente dentro de una institución como la UBA. Desde luego, no es siempre imprescindible ser un universitario diplomado, o ser profesor universitario, para tener una producción intelectual crítica e interesante. Maquiavelo, Spinoza, Marx, Freud, jamás dieron clase en una universidad. A Walter Benjamin le fue rechazada su tesis de habilitación (que se transformaría en ese extraordinario libro titulado El Origen del Drama Barroco Alemán ) para la Universidad de Berlín. Entre nosotros, Jorge Luis Borges no alcanzó nunca el título universitario. Ahora bien: ¿pueden esos casos excepcionales ser tomados como ejemplos para negar que gran parte del mejor trabajo intelectual es desarrollado por quienes son también docentes universitarios, y lo es hasta mucho después de los famosos 65 años (en algún otro lado hemos citado casos canónicos como los de Claude Lévi-Strauss o Hans-Georg Gadamer, fallecidos respectivamente a los 101 y 104 años en pleno ejercicio de la docencia y la escritura; en la propia UBA podemos citar ejemplos recientes como los de David Viñas o León Rozitchner, ambos fallecidos a los casi 90 años en plena actividad)? Y que no se nos diga que los profesores “mayores” de la UBA pueden ser contratados o declarados consultos. En primer lugar, eso no soluciona el problema de los docentes mal llamados “auxiliares” que hace años y años que esperan sus concursos cuando han alcanzado su edad “provecta”. En segundo lugar, aún los profesores (titulares, asociados o adjuntos) son contratados o consultos con una renta paupérrima que en la mayoría de los casos se reduce a una dedicación “simple” sin consideración de la antigüedad. Es decir: volvemos al debate presupuestario y todas sus ramificaciones políticas que ya hemos enumerado. Y de todas maneras, para volver a la pregunta: ¿qué significa realmente nuestro trabajo intelectual en la UBA? No es un secreto que el mismo está cada vez más constreñido por un sistema crecientemente “productivista”, tecnocrático y burocrático (“kafkiano” en el sentido vulgarizado del concepto) bajo el cual se termina “premiando” (es una manera de decir) con becas, subsidios e “incentivos” –otro eufemismo perverso para hablar de compensaciones “en negro” a los salarios insuficientes- se termina “premiando”, decíamos, la repetición o el reciclaje anodino y rutinario de siempre los mismos papers para congresos inconducentes o revistas “indexadas”, los resultados de enjundiosas investigaciones Ubacyt son sepultados en algún archivo mohoso al que nadie jamás tendrá acceso, mientras muchos que escriben voluminosos e importantísimos libros no reciben el más misérrimo “puntaje” con el cual engrosar su curriculum vitae . En fin, ¿para qué abundar? Por donde le busquemos la vuelta, la conclusión es siempre, dramáticamente, la misma: la UBA está en franca crisis. Así, no da para más, y sólo puede retroceder hacia un tobogán de patética decadencia. Hemos llegado al punto en que se nos obliga a decir –con un lenguaje anacrónicamente reminiscente de la filosofía de las Luces del siglo XVIII- que este embate contra los “jubilables” es el síntoma de una política de barbarie, oscurantismo y sinrazón. No obstante, la UBA sigue siendo –casi exclusivamente por el trabajo apasionado y “a pulmón”, en las peores condiciones, de aquellos docentes, estudiantes y no-docentes que la siguen amando pese a todo- una de las dos o tres universidades más prestigiosas de América Latina. Es nuestra tarea defenderla, allí donde sus desautorizadas autoridades no lo están haciendo (y al contrario, consciente o inconscientemente están contribuyendo a su catástrofe). Afortunadamente, la comunidad universitaria ha demostrado tener aún capacidad de reacción. El escándalo de los “jubilables” ha operado como el emergente de un malestar estructural que parece estar encontrando en ese pre-texto (en el mejor y estricto sentido del término) una vía para volver a poner en el tapete las cuestiones profundas de su malfuncionamiento. Más allá de que puedan “solucionarse” (ni siquiera sabemos bien qué querría decir esto) los injustos casos particulares, el actual “encrespamiento” de las aguas debería servir para ahondar en el debate de una buena vez, para “patear el tablero” en la más saludable de las acepciones de esa expresión. La acción más inmediata que podemos realizar es la de aportar de todas las formas que se nos ocurra para hacer que el acto político-académico del 8 de junio sea, como dijimos, un acontecimiento multitudinario y radicalmente democrático de denuncia y reflexión crítica. Distribuyamos esta convocatoria entre todos nuestros amigos, colegas, conocidos, familiares, contactos personales, políticos, mediáticos o lo que fuere, tanto dentro como afuera de la UBA e incluso de los ámbitos educativos, ya que, repetimos, este debería ser un tema de interés general y urgente para toda la sociedad nacional y, si fuera posible, internacional. Pero además, el acto del 8 de junio debería ser tan solo un punto de partida. Si queremos aunque sea orientar el proceso hacia los problemas de fondo, deberemos seguir bregando más allá de él y continuadamente por los medios más intelectual y políticamente rigurosos y consecuentes, pero también los más creativos y plurales. ¿Conocemos artistas, escritores, grupos de teatro, cineastas, poetas, científicos, periodistas, músicos, diseñadores, bailarines, “graffiteros”, lo que sea? Activémoslos. Convoquémoslos a que, haciendo lo que mejor saben hacer, “inventen” modos múltiples de hacer llegar esta problemática y este debate al espacio público, por supuesto los universitarios, pero también las calles, las plazas, los medios de transporte, los lugares de trabajo y reunión. Transformemos el debate sobre la UBA en una gran movilización de las más creativas energías sociales. Desde ya, hay infinidad de otras situaciones sociales, políticas y culturales que pueden ser tanto o más importantes que la crisis de la UBA. Pero ahora es esto lo que tenemos entre manos. Y es una causa más que justa, que seguramente sensibiliza a una sociedad que fácilmente y por excelentes razones puede sentirla como suya. No desperdiciemos la oportunidad de una discusión importante, bajo la consigna más general pero también más estricta posible: No a la destrucción de la UBA.

Repudio a conferencia del Banco Mundial

Conferencia del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza - del 23 al 26 de abril en Washington Declaración conjunta - Banco Mundial: ¡Fuera de la tierra! "Gobernanza de la tierra en un medio cambiando rápidamente“ es el tema de la Conferencia del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza que se llevará acabo del 23 al 26 de abril en Washington este año. Investionistas corporativos, gobiernos e instituciones financieras internacionales (IFI) se darán cita en las oficinas centrales del Banco Mundial (BM) para "discutir temas de interés para profesionales de la tierra y quienes hacen políticas a nivel mundial". Mientras ellos conciben formas de ayudarle a las corporaciones a adquirir tierra en todo el mundo, la gente en el terreno padece las políticas y leyes de tierra en favor de las corporaciones y promovidas por el BM y sus aliados. Durante décadas, el BM ha forzado un enfoque de mercado en la gestión de la tierra basándose en sus recetas económicas y políticas de reducción de la pobreza. El BM ha promovido la privatización de la tierra y fomentado la creación de condiciones para establecer mercados de tierras al transformar derechos tradicionales y consuetudinarios a la tierra en títulos de propiedad listos para ser negociados en el mercado; y al financiar programas de titulación de tierra en muchos países – apoyando así un modelo de desarrollo dirigido por corporaciones agro-industriales. Sus programas de tierra han aumentado la concentración de la misma en las manos de unos cuantos y preparado el terreno para una apropiación masiva de las tierras y las aguas. Atraídos por los altos precios de los alimentos y una demanda creciente de agrocombustibles, piensos y materias primas, las corporaciones multinacionales del agro-negocio y los actores de la industria financiera, como los bancos privados y los fondos de pensiones, están en carrera por el control de la tierra y otros recursos naturales asociados a ella como el agua. Se estima que entre 80 a 230 millones de hectáres de tierra han sido arrendadas o compradas en los últimos años para producir principalmente alimentos, piensos o agrocombustibles para el mercado internacional. Como consecuencia, campesinos/as, pastores/as, pescadores/as y familias rurales está perdiendo su acceso y control de los recursos naturales (tierra,agua, pesquerías, bosques, tierras de pastoreo) y de los procesos de producción; y por lo tanto están siendo despojados/as de sus medios de vida para alimentarse a sí mismos/as y a sus comunidades. Las poblaciones locales están siendo desalojadas y desplazadas, sus derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación y a la vivienda, están siendo violados; y el medio ambiente, así como las estructuras comunitarias tradicionales están siendo destruídos. El BM está jugando un papel clave en este acaparamiento mundial de la tierra en la medida en que pone a disposición capital y garantías para los grandes inversionistas multinacionales; les brinda asistencia técnica y apoyo para "mejorar el clima de inversiones agrícolas" en los así llamados países receptores; y promueve políticas y leyes con un sesgo corporativo. Todo esto ocurre al mismo tiempo que el BM impulsa sus siete principios de inversiones responsables en agricultura (RAI por sus siglas en inglés) para tratar de legitimar la apropiación de las tierras de la gente por parte de los grandes inversionistas corporativos para la agricultura industrial. El BM continua actuando en impunidad total. Los Estados tienen que ponerle alto a ésta y acatar plenamente sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos. Mientras que el BM se encuentra con los acaparadores mundiales en el interior de sus oficinas centrales, afuera hay movilizaciones en todo el mundo para prohibir el acaparamiento y reclamar todos los territorios acaparados. Quienes se movilizan sostienen que ningún esquema de responsabilidad o transparencia dirigido por las corporaciones hará que la expropiación de la tierra de la gente o el modelo agro-industrial sean aceptables o sustentables. En conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina celebrado por La Vía Campesina el 17 de abril, nos unimos a los movimientos de campesinos/as y pescadores/as, a las organizaciones de trabajadores/as rurales, estudiantes, activistas de derechos humanos, grupos ambientalistas, organizaciones de mujeres y movimientos de justicia social en la lucha para resistir el acaparamiento de tierra y el control corporativo de la tierra; y para detener cualquier intento del BM y sus aliados corporativos de enmascarar de negocio responsable la expropiación de las tierras campesinas a lo largo y ancho del mundo. Banco Mundial: ¡Fuera de la tierra, ya! Declaración firmada por: Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, FIAN International, Focus on the Global South, Friends of the Earth International, GRAIN, La Via Campesina, Transnational Institute

Reflexión sobre la ciencia a raíz último anuncio

¿Ciencia al servicio del pueblo o a favor de las corporaciones?

Sin lugar a dudas, apoyar el desarrollo científico es importante para el futuro del país. Sin embargo, para que ése desarrollo científico se traduzca en beneficios para la sociedad, la política científica debe orientarse a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la nación. Caso contrario, si el Estado no orienta la política científica hacia los verdaderos intereses de su pueblo, o si deja en manos del mercado capitalista la definición de las prioridades en materia de Ciencia y Técnica, se corre el riesgo de que ese desarrollo científico no solo no sea de utilidad sino que por el contrario incremente las problemáticas y necesidades que sufren nuestros compatriotas. Así, por ejemplo, la pobreza estructural y la degradación ambiental serían algunas de las tantas temáticas de investigación que el Estado debería fomentar. Pero eso no es lo que ocurre en nuestro país, la política científica Argentina está fuertemente orientada a generar ganancias económicas para las corporaciones económicas, sin tener en cuenta las consecuencias que ello puede traer aparejado sobre nuestra sociedad y el ambiente.
En los últimos años se ha hecho evidente que la distribución de recursos y prioridades de investigación por parte del Ministerio de Ciencia y Técnica se enfoca al fortalecimiento del sector privado, sobretodo en materia de agrobiotecnología. Por su parte, todas aquellas investigaciones que se orienten a la generación de ganancias por parte de empresas son apoyadas fervientemente y presentadas como “ejemplos a seguir”, en tanto que se resta importancia y ningunean aquellas líneas de investigación que pongan en tela de juicio los beneficios del actual “modelo de desarrollo” o muestren consecuencias negativas del mismo.

La semilla de la discordia:
Hace pocos días, el gobierno nacional dio a conocer un nuevo desarrollo tecnológico argentino, una semilla transgénica que permitiría obtener cosechas en condiciones de sequía. Más allá de los supuestos beneficios que pueden generar este tipo de semillas, nos preguntamos si su creación fue orientada para los fines que se difunden. Se ha mencionado que este tipo semillas será aplicada a paliar hambrunas o como elemento que limite los riesgos por factores climáticos a pequeños productores. Sin embargo, hasta el momento la mayoría de los desarrollos biotecnológicos aplicados a la producción agropecuaria en nuestro país sólo han servido para incrementar la riqueza del sector privado.
Este nuevo desarrollo tecnológico de Argentina se hizo vinculado a las corporaciones de los agronegocios. Bioceres, que está asociada la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET en desarrollos de biotecnología, es parte del grupo Grobocopatel; grupo empresario con conocidos intereses oligopólicos, del que claramente no podemos distinguir ningún intereses social. El desarrollo tecnológico que implican estudios de este tipo, financiados parcialmente por empresas privadas y en gran medida por el Estado, necesariamente apuntan a lograr condiciones de producción rentables en cultivos a gran escala, y no a hacer beneficencia y caridad. Entonces, si estos nuevos desarrollos no tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de producción de pequeños chacareros agobiados por deudas producto del infortunio, la baja rentabilidad de plantaciones a pequeña escala y condiciones climáticas adversas, ¿cuál es el objetivo perseguido? Es evidente que lo que se pretende es la expansión de las fronteras agrícolas a ámbitos hoy poco relevantes desde un punto de vista economicista.

La mencionada ampliación de la fronteras agrícolas, lejos de combatir el hambre y la desocupación, como van de la mano de explotaciones a gran escala, con uso intensivo de agroquímicos y capital, terminan incrementando el nivel de migración interna desde zonas rurales hacia urbanas por la falta de trabajo y la expulsión (violenta en la mayoría de los casos) de la residencia original de pobladores. También modifica ecosistemas al eliminar bosques nativos y cultivos autóctonos y reemplazarlos por cultivos con o sin rotación; al matar directa e indirectamente especies por el uso de los agroquímicos (en general, sin siquiera respetar las condiciones que la ley establece). Y si la pérdida de biodiversidad y la urbanización precaria y forzada de miles de personas no fuese poco, el uso de estas tecnologías conlleva una mayor dependencia económica del país dado que, en su gran mayoría, los agroquímicos son importados o se pagan royalties por ellos; se debe adaptar tecnología nacional a este tipo de funcionamiento (siembra directa) que limita la matriz tecnológica, y cuya producción es utilizada principalmente para la venta sin procesamiento (como semilla) o con bajo nivel de procesamiento (aceites, harinas) a las metrópolis (Europa, Estados Unidos, China).
Muchos estudios realizados por trabajadores del CONICET y otras agencias del Estado, aunque obviados por los funcionarios de Ciencia y Técnica del país, demuestran que el modelo de desarrollo basado en los agronegocios, solo genera riquezas para unos pocos, incrementa la brecha entre ricos y pobres, genera dependencia tecnológica, aumenta la contaminación con productos de toxicidad crónica, y anula las posibilidades de alcanzar una verdadera soberanía alimentaria. Al paso que va la Argentina en pocos años tendrá un campo en pocas manos, con monocultivos expandidos por todo el territorio, bosques devastados e incremento de la desertificación.
Nos preguntamos entonces: ¿por qué un Estado Nacional que dice “combatir a las corporaciones” celebra con champan las ganancias millonarias que el esfuerzo de los trabajadores del Estado generará para un grupo monopólico como los Grobo? ¿Por qué se publicitan patentes de semillas transgénicas y no se hacen cumplir leyes nacionales como la ley de protección de bosques nativos o de emergencia indígena? ¿Por qué no se interesa en desarrollar mecanismos para evitar las “descampenización” y concentración de tierras en el campo argentino? ¿Por qué no se promueve la soberanía alimentaria y el uso múltiple de los recursos naturales? ¿Por qué no investiga alternativas al modelo extractivista de recursos naturales y no desarrolla industrias científico tecnológicas locales que den valor agregado a los “commodities”? Es evidente que el interés no es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país, sino hacer que los ricos y poderosos se hagan cada vez más ricos y poderosos y así sea difícil cambiar el rumbo de un “modelo” que nos llevará a la destrucción social, económica y ambiental.
Por todo lo expuesto repudiamos desde ATE CONICET los convenios firmados por el organismo, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por las Universidades Nacionales con empresas oligopólicas cuyo único fin es realizar investigaciones a expensa del Estado y la sociedad toda, acaparándose éstas del rédito económico que producen nuevas tecnologías carentes de rédito social alguno.

Necesitamos reorientar la política científica al servicio de nuestro pueblo:

Como trabajadores del sistema científico tecnológico del país, cuestionamos qué la Política Científica del Ministerio de Ciencia y el CONICET de prioridad a la producción de conocimiento y tecnología para incrementar el poder del mercado capitalista y no de las reales necesidades de su pueblo. Esto se hace evidente en materia de agrobiotecnología, donde se beneficia a grupos monopólicos, sin tener en cuenta las consecuencias que ello puede tener sobre las poblaciones rurales o periurbanas, o el efecto indirecto que esos “desarrollos científico-tecnológicos” generen en el mediano y largo plazo en nuestro ambiente y la calidad de vida.
Es importante señalar que no estamos en contra del desarrollo científico en materia de biotecnología o cualquier otra área del conocimiento. Pero consideramos fundamental orientar esas líneas de investigación para la obtención de productos científico-tecnológicos que beneficien a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad. Es muy diferente investigar como mejorar la producción agroecológica a pequeña escala que generar una semilla transgénica para el usufructo de un grupo empresario. Los beneficiados y perjudicados en cada caso son evidentes, y las consecuencias socio-ambientales también. Sostener la teoría neoliberal del “derrame” en materia de Ciencia y Técnica, es decir considerar que si los sectores capitalistas monopólicos incrementan su riqueza el resto de la sociedad verá mejorada su calidad de vida, no solo es un gran error, sino que a la luz de lo ocurrido en nuestro país en la década de los 90’ implica profundizar la brecha entre ricos y pobres y la destrucción de nuestros recursos naturales.
Nuestros gobernantes, y sus funcionarios, deberían saber que están obligados a orientar su política científica al servicio de toda la sociedad (que es la que sostiene la formación de recursos humanos y el trabajo de sus investigadores y técnicos), en particular de los más sectores más desposeídos o perjudicados por el actual modelo económico extractivista. Asimismo, convocamos a nuestros colegas a profundizar el debate sobre cuáles deben ser las prioridades de investigación para el país, que nos permitan devolver a nuestro pueblo todo el esfuerzo que hace en sostener nuestro trabajo.


contacto: Fernando Barri - ferbarri@gmail.com
Flavio Sives – sives@fisica.unlp.edu.ar

Pueblo Mapuche, CAI

PUEBLO MAPUCHE ANTE LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL

Desde el CAI, organización de base del pueblo mapuche, hacemos pública nuestra preocupación sobre los alcances y mecanismos de la reforma del Código Civil que anunció la presidenta CFK en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El poder ejecutivo nacional tomó una decisión que afecta directa y profundamente a la vida de todos los pueblos originarios en lo que hoy es Argentina sin siquiera considerar la aplicación del mecanismo de consulta previa, libre e informada que determina el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y Tribales, el que tiene rango constitucional.

Por decreto se creó la Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial que incluirá, entre otros temas, la incorporación de la figura de la propiedad comunitaria de los territorios.

En un contexto de aumento de la violencia de los conflictos por la vida en el territorio ancestral de los distintos pueblos originarios, exige extremo cuidado en toda acción del Estado que de una u otra manera afecte nuestros derechos.

Nosotros reclamamos el reconocimiento definitivo e incondicional de las ocupaciones tradicionales de los pobladores y comunidades mapuche, en aplicación del art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Por la complejidad, los alcances reales y la responsabilidad histórica que implica el Estado debe garantizarnos la consulta previa, libre e informada para que los pueblos originarios decidamos las características de la nueva forma jurídica que haga efectiva la protección al territorio comunitario.

Convocamos a estar alertas para que el Estado nacional no se aparte del compromiso institucional de reparación histórica al daño cruento a los pueblos originarios plasmado en la CN y los pactos internacionales.

CAI
Puelmapu

Carrasco comenta el discurso Pcial

Las semillas para la “sequía” (HAHB4)
Por Andres Carrasco
En su discurso la presidenta, por lo menos, ocultó datos acerca del gene de la "sequía" (HAHB4). Este gene un factor de transcripción que sostiene la activación del acido jasmonico asociado a diversos metabolismos al estrés abiótico (agua y sales) y biótico (otros organismos) fue aislado del girasol hace 10 años por la Dra. Raquel Chan en la UNL observando que las plantas experimentales transgénicas (Arabidopsis thaliana) resistían mejor a la falta de agua y el incremento de la concentración salina de cloruro de sodio publicado en el 2002. Fue en el 2004, no ahora, que fue patentado por la UNL, Bioceres (Grobocopatel) y el CONICET. Versiones preocupantes señalan que esa patente genero un conflicto en la propiedad de la patente que nunca vio a luz pública pero que si obligo al CONICET durante el periodo del anterior presidente el Dr. Charreau a revisar y rediscutir las presentaciones de las patentes.
En el 2008 descubrieron que la sobre-expresión de esta proteína reguladora tambien "ahuyentaba" a insectos, hecho que motivo alguna publicacion sobre el posible impacto en el uso de insecticidas. La aparición de un socio yanqui, Arcadia, junto a Bioceres (ambos tienen la explotación por 20 años) para desarrollar semillas hace presumir que las mismas no están listas para ser plantadas mas bien hay que desarrollarlas y probarlas a campo probablemente con colaboración extranjera. O sea que aunque como “se hizo sin Monsanto”, estamos de pie y listos para competir con la empresa en el mercado global de semillas. El sueño de Argentina Potencia esta cada vez mas cerca. Como el del tren bala.
Pero en la actualidad y sin semillas probadas en campo y su real perfomance respecto de humedad, salinidad, plagas existentes, los cálculos de regalías de 75 millones de dólares para el CONICET y el incremento de renta agraria de10.000 millones de dólares, publicados en los medios cercanos al gobierno, parecen por lo menos temerarios a juzgar por los datos y antecedentes disponibles.
Mas bien parece una de medida armada para un anuncio político generado en la frustrante gestión mercantilista del ministro del área. Información que la presidenta pudo y debió haber confirmado en el desarrollo histórico de un proceso de 10 años de investigación científica.
Esto sin considerar que ya existen numerosas variedades naturales de semillas de maíz y trigo adaptadas a distintas condiciones de campo que fueron desarrolladas durante cientos de años en procesos de adaptación en los lugares naturales por combinación de germoplasma. Y que una vez desarrolladas estaban listas para ser usadas con seguridad.
No es cierto “que se hayan ahorrado miles de años de evolución”. Eso es desconocer la evolución e identificar un procedimiento experimental traumático como la transgénesis, con proceso de adaptación gradual, donde el proceso mismo integra el medio ambiente al comportamiento de los cambios del genoma. En fin, relatos que se construyen sobre la lógica de la ciencia que buscan legitimar las nuevas e inseguras tecnologías.
Si estas reflexiones son ciertas, flaco favor se le hace a la ciencia, aunque sea insoportablemente reduccionista y positivista, para su percepción social.
Ya no se trata de identificar verdad con utilidad sino deformar la realidad de acuerdo a la conveniencia y oportunidad dentro de un relato falaz e inconsistente. Este es un ejemplo claro de cómo se manipula el sentido del conocimiento científico al servicio del mercado y los agronegocios.
Andrés E. Carrasco
Investigador Principal CONICET
Andres Carrasco
Lab. Molecular Embryology
School of Medicine UBA - CONICET
ARGENTINA
acarrasco@fmed.uba.ar
rqcarras@gmail.com
http://andresecarrasco.blogspot.com/

Marcha Latinoamricana por la Paz y la Dignidad

Queridos Hermanos,
Queremos hacerles saber de la realización de Jornadas de Paz y Dignidad y apelar a su apoyo.
Dichas Jornadas han comenzado en México el 1 de diciembre pasado y terminarán su recorrido en Kitralma, al sur de Chile el 21 de marzo próximo.
La etapa que comprende el territorio Argentino será entre el 5 de marzo y el 20 de marzo de 2012, día en el que ingresaremos a territorio Chileno.
Durante esos 15 días habrá un grupo de alrededor de cuarenta hermanos corriendo en Jornadas de Paz y Dignidad por el territorio Argentino, rezando por la Unidad de los Pueblos y reconociendo al espíritu del Agua como Ser Sagrado, indispensable para la continuidad de la vida en bienestar.
Llevamos el propósito además, de honrar la memoria de nuestros Pueblos Originarios, promoviendo el encuentro e intercambio, compartiendo la mirada y el sentir.
El correr con un propósito sagrado es una Ceremonia Ancestral, antigua en nuestras tierras. Pues eso es lo que estaremos haciendo.
Queremos invitarlos a participar, como lo hemos venido haciendo, pero además queremos contarles que todo esto representará un gran movimiento y por lo tanto un gran costo económico.
Estaremos llegando a todos los pueblos por los que pasaremos en los 1638 km que tiene el recorrido. Esto demandará sitios en donde descansar, actividades en las plazas de los pueblos, en los ríos, lagunas, cascadas y toda forma de manifestación del Agua, alimento para los corredores, combustible para vehículos que acompañan como apoyo, y una cantidad de gastos de distinto orden.
Ya en alguna ocasión hemos compartido un espacio Sagrado de Ceremonia, hemos estado frente al Fuego y hemos compartido las Sagradas Medicinas.
Apelamos en esta oportunidad a su consideración y apoyo, queremos pedirles que si está a su alcance realicen un depósito como donación, con lo que puedan aportar en la cuenta:

CAJA DE AHORRO N˚ 317-002212201-000
BANCO PATAGONIA
N˚ de CUIT 27-25002839-9
CBU N˚ 03403172 08002212201002
A NOMBRE DE CLARISA TRAMONTINI

Al finalizar las Jornadas y de regreso en Buenos Aires enviaremos un detalle preciso de cómo se han gastado los dineros. Para que todo sea sincero y transparente.
Acompañamos esta carta con unos archivos en donde podrán conocer con más profundidad el espíritu de Jornadas de Paz y Dignidad. Fechas, lugares etc. Inclusive ingresando a www.fuegosagradoargentina.com conseguirán más información al respecto.


Agradeciendo de corazón su voluntad y apoyo
Todos somos Familia

Fuego Sagrado de Itzachilatlan
Argentina

.... Por cualquier duda pueden escribir a esta dirección de correo o llamar al 1551064860 ....

El gobierno de Mujica y el medio ambiente

RUPTURA AMBIENTAL


Eduardo Gudynas


El gobierno Mujica cruzó el umbral, y ahora se vuelca decididamente a maniatar las exigencias ambientales para que no interfieran con grandes proyectos de inversión. Atrás quedaron los amagues. Se aprobó el puente en la Laguna Garzón y se amenaza con un desmembramiento ministerial.


Voces, 16 febrero 2012, Montevideo


Las quejas del presidente contra las trabas ambientales, sobre la lentitud ministerial, o su menosprecio por los ambientalistas, se convirtió en una decidida embestida. En la última semana quedó en claro que se quiere extirpar el área ambiental del actual ministerio donde está emplazada. Si eso sucede en el futuro cercano tendríamos un ministerio únicamente de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) estará en algún otro sitio.

Se insistió que eso era para mejorar la gestión ambiental y llevarla a un nivel más alto. Pero horas más tardes esos dichos se derrumbaron con la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón ­ una reclamo de un inversor inmobiliario argentino para llevar adelante una urbanización, apoyada por las intendencias de Rocha y Maldonado, y resistida por vecinos, ambientalistas y otras organizaciones. Quedó en claro que se apunta en el sentido de reducir las exigencias ambientales.



UN PUENTE DEMASIADO RIESGOSO

Comencemos por recordar que el puente sobre la Laguna Garzón tiene impactos directos, pero más graves, extendidos y complejos son sus efectos indirectos. Al permitir una conexión vial sencilla, se hace posible una rápida expansión urbana sobre la costa de Rocha.
Seguramente en unos años aquella franja costera se parecerá a Solymar, y con ello tendremos problemas con la basura, el saneamiento, cañadas contaminadas, incendios, etc. Los remanentes de áreas naturales y su biodiversidad desaparecerán.

Estos y otros efectos del puente son tan negativos que, hasta donde puede saberse por la prensa, los técnicos de DINAMA no firmaban el permiso ambiental. Pero como la decisión final es política, la oficina presidencial decidió dar luz verde a esa construcción. Las advertencias ambientales fueron sepultadas, dejando en claro que era más importante satisfacer la demanda del inversor argentino y concretar la construcción de un nuevo “country”.

La argumentación del permiso, ofrecida por el secretario de la presidencia, A. Breccia, desnudan el nivel técnico y político al que se ha caído la gestión ambiental.

En primer lugar, justificó el puente indicando que tendrá bajo tránsito, excluyendo vehículos pesados, y que para ello la actual ruta 10 dejará de ser nacional y será un camino departamental. Mi reacción:
si el tránsito realmente será limitado, la mejor opción es el cruce de la laguna en balsa, y por lo tanto deja de tener sentido construir el puente.

En segundo lugar afirmó que para asegurar los aspectos ambientales el sitio será ingresado al sistema nacional de áreas protegidas. Mi
reacción: esto es un eufemismo, porque la laguna Garzón, junto con las de José Ignacio y Rocha, ya son áreas protegidas desde hace más de 30 años (decreto 260 de 1977). Decir que están dentro del “sistema” es solamente una etiqueta. Lo que se necesitan son medidas concretas y efectivas de protección.

En tercer lugar, se insistió en que el diseño del puente será del arquitecto Rafael Viñoly, y como sus obras son bellas, esto sería una medida ambiental. Mi reacción: si el puente es lindo o feo, o si lo construye un renombrado arquitecto o no, es en gran medida irrelevante en cuanto a sus efectos ambientales y territoriales. Un puente hermoso puede tener los mismos efectos negativos que uno estéticamente desagradable. El que se presentara como medida de mitigación ecológica la estética de un puente nos muestra la dramática debilidad de nuestra política ambiental. Con ese mismo criterio, si pintamos de verde las fachadas de las centrales nucleares, supondríamos que nunca explotarían.


MINISTERIO DESMEMBRADO

La debilidad en la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón ilustra lo que nos espera si la DINAMA queda dentro de las oficinas presidenciales, o la transforman en una agencia. En el mismo sentido, las declaraciones del prosecretario, Diego Cánepa, son todavía más preocupantes, ya que muestran que no está muy al tanto de las competencias ambientales del ministerio actual, y que desea enviarlas a un sitio donde puedan estar atadas a los proyectos de desarrollo.

Por estas razones la ubicación de la DINAMA dentro del Poder Ejecutivo no es un tema menor. Si observamos lo que sucede en los países vecinos encontraremos que casi todos ellos tienen ministerios del ambiente, o ministerios mixtos con otros temas. Allí donde no había ministerios, se los han creado recientemente (Chile y Perú), y donde era un ministerio mixto, se lo transformado en uno específico para el tema ambiental (Colombia). El desempeño ambiental mejora cuando se cuenta con un ministerio, y en especial por que puede interaccionar en un mismo plano con otras carteras. Se apuesta a que pueda promover la preocupación ambiental en todo el Estado, a que esté bajo control parlamentario, y que se involucre con la sociedad civil.

No conozco ningún país donde se dé marcha atrás, y se desmembre un ministerio ambiental para crear una agencia. Hay un solo caso similar a la idea de Mujica, y tuvo lugar en Argentina, donde su secretaría ambiental fue puesta bajo el paraguas presidencial en tiempos de Néstor Kirchner.


PERDIO EL VERDE

A mi modo de ver el gobierno ha llegado a un nivel de ruptura con la temática ambiental donde ya no hay retorno posible para el actual elenco presidencial. En unos momentos hay burlas sobre los ambientalistas, en otros aparece la debilidad técnica, no se encuentran análisis juiciosos y tampoco hay liderazgo político verde.
Es una postura minimalista donde el ambiente queda subordinado a metas macroeconómicas. En paralelo tenemos el silencio sobre cuestiones ambientales en los grupos del FA.

Por ahora prevalece un contexto donde toda la sucesión de reclamos de empresariales argentinos y de grandes compañías como Aratirí, terminan siendo atendidos por la presidencia. Querían un puente, y ahora lo tienen; cuestionaron duramente a la DINAMA, y ahora se amenaza con sacarla del entramado ministerial, y como aderezo, se insinúa copiar una solución argentina. Aquí no puede decirse que esto es producto del “equipo económico”, sino que la cobertura y amparo que se otorga a estos emprendimientos parte del propio entorno presidencial. Se aceptan condiciones de empresas e inversores extranjeros, se les firman acuerdos confidenciales, se los aliviana en sus cargas tributarias, y se les flexibilizan las condiciones ambientales.
Paralelamente se carga contra las voces alternativas que parten desde la ciudadanía, tildándolos de estar contra el “progreso”.

Las opciones hacia un desarrollo con calidad para las personas y el ambiente se han alejado. Frente a este panorama, para la sociedad civil la tarea está en evitar que se hagan daños mayores, sobrellevar este derrumbe pero buscando evitar pérdidas dramáticas en el patrimonio ecológico de la nación, y esperar vientos de cambio hacia el futuro.

Las Universidades y Famatina

Comunicado del Dr. Marcelo Ruiz -Rector de la UNRC- a la comunidad de Famatina Provincia de La Rioja

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ustedes para hacerles llegar algunas consideraciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto respecto de la situación que hoy se vive en Famatina, en relación al conflicto con la megaminería.
Celebramos el proceso de democratización profunda que el pueblo de Famatina está transitando, marcado por la reafirmación del principio de autodeterminación en la elección de los modelos colectivos de desarrollo de las comunidades, tanto en las escalas locales como así también a niveles regionales. Voces que sugieren, reclaman, expresan, demandan y reafirman las elecciones acerca de cuáles son esos tipos de desarrollo que colectivamente deben ser definidos. Subjetividades y materialidades amalgamadas que pugnan por el sentido primero, aquel que se nutre de la reafirmación de la vida y la pluralidad, y que al mismo tiempo rechaza las propuestas de las grandes corporaciones extractivas que son devastadoras para la vida y para la conciencia.
El extractivismo en Latinoamérica ha pasado por diferentes fases, marcadas por el colonialismo en su primera etapa y actualizado como neocolonialismo, asentado en el objetivo de la maximización de la ganancia a costa de la pérdida de los derechos más elementales de las poblaciones del "Sur", de nuestra América. El territorio es espacio de apropiación y re-significación de sentidos, el paisaje es apropiación subjetiva y al mismo tiempo sujeto de derecho, nunca objeto de ganancia.
Rechazamos, en común acuerdo con expresiones de las asambleas de Famatina, el carácter de retrógrado o antiminero que se les quiere adjudicar a una pueblada como la que hoy se está sosteniendo. Aquí no se trata de la minería, estamos hablando de un modelo extractivista que atenta contra cualquier tipo de desarrollo popular autónomo, se apropia de la renta colectiva, niega los valores culturales de las comunidades y pone en riesgo todo tipo de vida.
Desde el Rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, institución educativa pública, asumimos el compromiso ético y epistemológico asentado en la apuesta por un mundo de iguales, acompañar el reclamo de la asamblea popular de Famatina. Nos comprometemos en comunicar los fundamentos de la protesta y de las propuestas alternativas fundamentadas en la revalorización del territorio en los sentidos antes enunciados, y repudiamos cualquier tipo de acción intimidatoria al reclamo de la comunidad.
Dr. Marcelo Ruiz
Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto





CARRERA DE SOCIOLOGÍA – Facultad de Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires
Acerca de la lucha de Famatina
Gracias a la Profesora Norma Giarraca- ( GER-GEMSAL Cátedra de Sociología Rural,) por estas líneas que hacemos nuestras y compartimos con la comunidad de sociología y esperamos se constituyan en un aporte para el debate y la discusión sobre la “megaminería”.


Desde diciembre de 2011 una población ha decidido tomar nuevamente en sus manos el destino de su región. Es, básicamente la pequeña ciudad de Famatina con el cordón de pequeños pueblos que acompañan la subida al cerro que quieren entregar para la explotación minera. La acompañan los pobladores de Chilecito, La Rioja capital y de todos los pueblos que están siendo amenazados con esta actividad o se solidarizan con sus vecinos.
Durante la década del noventa, el neoliberalismo en estado puro, preparó las condiciones legales para que la actividad extractiva penetrara con sus fuertes corporaciones al país. Se privatizan YPF, YCF, se autoriza la siembra de semillas transgénicas a la medida de Monsanto y se saca una serie de leyes para dar riendas sueltas a la producción minera (Ley 24.196 de Inversiones mineras; Ley 24.498 de Actualización del Código Minero; Ley 25.243 para el Tratado binacional entre Argentina y Chile, entre muchas otras). Se le otorga a la actividad exenciones impositivas, “seguridad jurídica” a largo plazo y por supuesto se entrega la resolución de diferendos entre empresas y Estado a tribunales fuera del país (CIADE). A partir de 2003, nada cambió más bien se convirtió en política de Estado.
En esas condiciones, los capitales canadienses, australianos, norteamericanos, europeos y últimamente chinos llegan al país, ansiosos de comenzar a explotar las riquezas de los variados metales y otros productos minerales con los que cuenta el país. Se pasó de 44 emprendimientos mineros tradicionales a más de 600 de lo que denominamos “megaminería”; es decir minería a cielo abierto, dinamitando con inmensas cantidades de explosivos el cerro, usando impresionantes cantidad de agua, energía eléctrica, y tóxicos para el nuevo proceso que la diferencia de la minería de socavón: lixiviación o sopa química que separa el mineral de la roca. A este último tipo de minería, “megaminería”, es a la que se oponen las poblaciones cordilleranas y patagónicas. Esquel, en Chubut fue punta de lanza del rechazo, impidió la entrada de una empresa canadiense por medio de un plebiscito hace 9 años; dispositivo de consulta que a partir de allí se les negó sistemáticamente a las poblaciones.
¿Qué pasa en Famatina? Las poblaciones ya ha dicho de muchas formas que no quieren que su cerro se entregue a las empresas mineras para la explotación. Conocen la minería, Famatina quiere decir “Madre de los metales” y a comienzas del siglo XX una empresa inglesa lo explotó con la antigua tecnología por casi 15 años. A los pueblos no les quedó nada (“sólo viudas y huérfanos” suelen decir), los ingleses se retiraron al comienzo de la Primera Guerra mundial y el “pasivo ambiental” todavía hoy es problema de las poblaciones que reciben aguas contaminadas de aquella época. Por eso han decidido firmemente sostener con sus cuerpos, sus saberes, sus acciones “El Famatina no se toca”. Esta vez es otra empresa canadiense, la Osisko Mining Corporation la que sin licencia social, sin informe ambiental ya ha firmado un convenio con la provincia.
El Valle donde se encuentran las dos ciudades más cercanas al cerro –Chilecito y Famatina- están rodeados de una agricultura de alimentos rica y variada. Desde hace varias décadas tienen un sistema de riego que atempera uno de los principales problemas de la actividad: el agua. Aún así, Chilecito es un gran productor de frutales, entre ellos la vitivinicultura que se agroindustrializa en la región y hasta se llega a exportar, Famatina produce el 50% de nueces de la provincia. Hay asociaciones de agua, hay cooperativas, existen profesionales que acompañan a los productores para solucionar sus dificultades. Hoy el mayor problema es la amenaza de la minería: agricultura y minería en una zona semiárida no pueden convivir. Es importante señalar que ambas ciudades tienen índices de desarrollo humano adecuados y altos en educación.
Las asambleas y poblaciones de Chilecito y Famatina conocen muy bien todo esto, tiene información técnica y científica de primer nivel pero además toman en cuenta, como sujetos de estos nuevos tiempos, los saberes emanados de la experiencia: la que cuentan los catamarqueños después de 15 años de la minera La Alumbrera, con aumento de enfermedades y pobreza; la que cuentan los productores en relación con la disminución del acuífero alimentado en parte por las vertientes el cerro, etcétera.
Con esta “ecología de saberes” como diría Boaventura de Sousa Santos, son capaces de oponerse a las autoridades y a las corporaciones fundamentando sus posiciones. “Este pueblo está informado”, responden a la salida actual del gobernador que dice que necesitan “información”
Así, desde el 2 de enero, han realizado un corte en Alto Carrizal, camino al cerro, para que la nueva empresa en convenio con el gobierno de Luis Beder Herrera, no pueda pasar. Han generado entre todos una situación que ha llamado la atención de los medios de comunicación nacional. No fueron estos medios los que produjeron el fenómeno Famatina, sino que este es de tal magnitud y potencia que es imposible no registrarlo. En 2006, impidieron la entrada de la poderosa Barrick Gold, sin medios nacionales y con muy pocos apoyos del país. Tuvieron un vicegobernador (el actual gobernador) que vio la ocasión para destituir al gobernador, ponerse a la cabeza de la lucha antiminera para después de las elecciones, traicionarla.
Famatina, como la lucha contra la megaminería de Catamarca, Chubut, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, etc. necesita de todo el apoyo que podamos darles desde las universidades públicas; la devastación es del país, no de una región, los universitarios y científicos independientes y responsables no deben adoptar una posición de “neutralidad” cuando se trata nada más y nada menos que de las posibilidades de la sustentación de la vida para las nuevas generaciones.

Las poblaciones de Chilecito y Famatina saben del acompañamiento de los profesores e investigadores de esta Carrera de Sociología ya que han estado varias veces visitándonos, compartiendo diferentes actividades.

Por tales motivos, desde la Dirección de la Carrera de Carrera damos nuestro apoyo a esta lucha y es nuestro interés que el compromiso sea compartido por nuestra comunidad rechazando esta nueva amenaza a su cerro, su agua, su medio ambiente, su vida…..

Alcira Daroqui
Directora

Para mandar su adhesión: muchasredes09@gmail.com
Indicar en el subjet RAMATINA , adentro nombre a que universidad pertenece (también graduados) y si no pertenece a la universidad indicar profesión.



Adhesiones; Universitarios
Marta Shores (UBA)-Patricia Langlais(UBA)-Bibiana del Brutto (UBA)-Alejandra Valerani
(CBC - UBA) Norma Giarracca (UBA) Miguel Teubal (UBA) Amanda Ruarte (UNSJ)

Declaración de la Asamblea de movimientos sociales, Porto Alegre (RS), Brasil

Declaración de la Asamblea de movimientos sociales, Porto Alegre (RS), Brasil
Nosotros, pueblos de todos los continentes, reunidos en la Asamblea de movimientos sociales durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental, luchamos contra las causas de una crisis sistémica que se expresa en una crisis económica, financiera, política, alimentaria y ambiental, colocando en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo.

En este espacio nos reunimos desde nuestra diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.
Lucha contra las transnacionales
Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria
Lucha por la eliminación de la violencia a la mujer
Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios.
Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio y “medidas de austeridad” expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento, y las desigualdades sociales.
La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña élite, tanto en los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran mayoría de la población. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, ambiental y de género, son la llave para el enfrentamiento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo de un Estado libre de las corporaciones y al servicio de los pueblos.
El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales a su servicio, no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora intentan imponernos la “economía verde” como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y financiarización de la vida. Rechazamos todas las falsas soluciones para esas crisis, como los agro-combustibles transgénicos, la geo-ingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema.
La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados 20 años de la Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo capitalista. El intento de “enverdecimiento” del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la “economía verde”, es una alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.
Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de control de sus vidas y sus cuerpos. Además, el aumento de la explotación de su trabajo para atenuar los impactos de la crisis y mantener el margen de ganancia constante de las empresas. Luchamos contra el tráfico de mujeres y de niños, las relaciones forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista.
Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover dictaduras en varios países. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas veces justifica las ocupaciones militares. Nos manifestamos contra la permanente violación de los derechos humanos y democráticos en Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en Colombia y el criminal bloqueo a Cuba que completa 50 años. Luchamos por la liberación de los 5 cubanos presos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Afganistán. Denunciamos el proceso de neo-colonización y militarización que vive el continente africano y la presencia de la Africom. Nuestra lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y contra la OTAN.
Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo contra la lógica depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnacionales, en particular, con la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos la criminalización de los movimientos sociales.
El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas por justicia social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos y todas tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas que hace imprescindible acciones por la democratización de los medios de comunicación, controlados hoy por grandes conglomerados, y contra el control privado de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo exige el desarrollo de una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros procesos.
Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la reforma agraria como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la ALBA.
La lucha por el fortalecimiento de la educación, ciencia y tecnologías públicas al servicio de los pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven urgentes una vez que persiste su mercantilización y privatización. Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los estudiantes chilenos, colombianos portorriqueños y de todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de estos bienes comunes.
Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay salida dentro del sistema capitalista!
Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos nuestras luchas y que movilicemos masivamente.
Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora de movimientos como la Primavera Árabe, Ocuppy Wall Street, los indignados y la lucha de los estudiantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordinadas a nivel mundial. Debemos contribuir a la emancipación y auto-determinación de nuestros pueblos, reforzando la lucha contra el capitalismo.
Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos humanos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, reforzando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de apartheid contra el pueblo palestino.
Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Rio+20.
Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!
Porto Alegre, 28 de enero de 2012
Asamblea de los Movimientos Sociales

Los efectos nefastos de la mineria. E.Viale

Existe un preocupante embate, a espaldas de la sociedad, para imponer en nuestro país a la figura extrema del extractivismo: la megaminería.

En Río Negro se acaba de derogar la ley que prohibía la minería metalífera con usos de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. El Secretario de Minería de la Nación anunció un emprendimiento minero en Chubut donde existe una ley provincial que expresamente lo impide. La ley de glaciares sigue “secuestrada” en la provincia de San Juan y en el resto del país sólo hay tibios esbozos de ponerla en marcha. La lista sigue en toda la cordillera.

En la provincia de La Rioja, el intento de imponer por la fuerza -y sin licencia social- la megaminería en el Famatina está quebrando la paz social y sembrando un clima de violencia, instalado por el propio Estado, en complicidad con las empresas mineras. Debe comprenderse que la megaminería no es sólo sinónimo de degradación ambiental y saqueo económico sino que también lo es de devastación institucional, social y cultural.

Sucesos como la aparición de “listas negras” , con descripción de datos personales y sensibles de diversos referentes de la lucha socioambiental de Famatina y Chilecito (en manos de directivos de la empresa minera canadiense Osisko Mining), sumado a la conformación de patotas para perseguir asambleístas y el envío de fuerzas policiales “especiales” nos rememoran a lo más triste de la historia argentina y latinoamericana.

Llama la atención la coincidencia entre los asambleístas señalados en dichas listas con los recientemente imputados por la justicia local por el delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal (corte de ruta), artículo estrella de la criminalización de la protesta social.

Debe comprenderse que en Famatina no hay un corte, hay una pueblada.

La rápida actuación de la justicia para imputar a los asambleístas se contrapone abruptamente con la total ausencia de investigación judicial de los trabajos de inteligencia y espionaje volcados en dichas listas y el consecuente amedrentamiento que dichas actos provocaron en la población. Tampoco puede entenderse por qué la justicia sólo imputó a 8 personas y no a las miles de personas que diariamente concurren a la protesta.

La lucha del pueblo riojano es heroica y ejemplar.

Están defendiendo su territorio de la amenaza de daños ambientales, sociales y culturales irreversibles . Debe comprenderse que las circunstanciales mayorías electorales no son sinónimo de licencia social, menos en La Rioja, donde cada vez más ciudadanos se suman a la resistencia del avance minero.

No están solos. En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por miles de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad.

Las constantes provocaciones del gobierno provincial, en cabeza de su gobernador Luis Beder Herrera, y la cómplice mirada ausente del Poder Ejecutivo nacional, son inaceptables y merecen una sería reflexión de toda la sociedad. La problemática de la megaminería no es una “asignatura pendiente” del gobierno nacional sino que encuentra en él a su mayor promotor.

Desde Famatina

El Famatina no se toca
Norma Giarracca

(Publicado en Plaza de Mayo www.plazademayo.com)


El departamento de Famatina, con sus fincas nogaleras, vitivinícola, horticultura y los viejos olivares, posee antiguas poblaciones que no pasan los siete mil habitantes. Alto Carrizal, una de ellas, de antiguas casas de adobe y puertas de madera que rememoran tiempos complicados de caudillos y montoneras, ha sido escenario desde el 2 de enero de una de las movilizaciones sociales más importantes que recuerde esta provincia de La Rioja. Primero fueron las asambleas de autoconvocados que defienden hace tiempo el territorio de la actividad minera y luego el pueblo entero, quienes eligieron este lugar para cortarle el paso a la Osisko Minimg Corporation a quien el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, intenta otorgar la consignación del cerro Famatina para la explotación de oro a cielo abierto. Para ello, sabiendo de la voluntad de estas poblaciones para impedir ingresar a las mineras, no tuvo mejor idea que arrogarse en su propia persona la licencia social por el reciente triunfo electoral.
Nuevamente las poblaciones deciden tomar el presente y futuro en sus propias manos y demostrarle a la empresa y al Estado en todos sus niveles, que no permitirán entrar la minería en el Famatina ni en el resto de la provincia. Desde el 2 de enero se lleva a cabo una pueblada que sobrepasa a las expectativas de los propios asambleístas. Escribo estas líneas bañada en un mar de personas de todas las edades, condiciones sociales, profesiones y biografías personales. Al caer la tarde del domingo 15, vísperas de la fecha que el gobernador fijó como límite para facilitar la entrada de la empresa, multitudes de jóvenes, familias con niños, turistas que paseaban por el Noroeste llegaron conmovidos hasta aquí, preparando la vigilia de un día clave. El lunes 16 de enero es un momento simbólico, un hito que todos aquí saben que sobrepasarán con facilidad y celebrarán; no obstante todo está preparado para el caso de que llegue el desalojo: las campanas de la iglesia de Famatina que sonarían para avisarle a todo el pueblo y a las poblaciones vecinas; el Niño de Hualco, imagen de piedra de larga y fuerte mística popular está preparado para volver al corte en caso de peligro y una población segura de que en estos tiempos del nuevo siglo están luchando por derechos conseguidos no sólo en este país que se relacionan con el medio ambiente sino con la elección de una política de vida.
Lo llaman “el corte”, hablan de “subir al corte” se trata de un lugar que marcará esta lucha y que quedará marcado por ella durante muchos años. Carpas (ya se instalaron más de 70), una gran despensa armada con la generosidad y solidaridad de todos, el sitio para las grandes ollas donde dos veces al día se prepara la comida, la mesa de dibujo de los niños, la mesa “de prensa” que durante 25 horas transmite no sólo a radios locales sino a muchas otras de todo el país, la casilla de guardia que controla el ir y venir de vehículos y que deja pasar a casi todos y esa entrada formada significativamente con una gran bandera argentina. Más allá los canales de riego, en esta época con bastante agua, debajo de viejos árboles que permiten a los distintos grupos discutir, hacer música, refrescarse…todo frente a la casa de ese vecino generoso que les ha permitido ocupar el gran terreno donde esta verdadera comuna en lucha se organizó.
El lunes se realizan encuentros en todo el país, aquí se marcha en caravana desde la plaza de Famatina hacia el corte y durante todo el día TN y canal 13 lo sacan en vivo preparando su informe especial de la noche. Esta presencia como muchos otros factores habilita la reflexión crítica acerca del papel de los medios en los conflictos sociales. Esta vez el país sabe y sólo quienes están ligados a las actividades mineras por intereses o por ideologías desarrollistas pasadas de moda, pueden ignorar lo que ocurre acá.
La Rioja como Catamarca, a diferencia de Tucumán, tuvieron un lugar marginal en el desarrollo del capitalismo agroexportador y de industrialización sustitutiva de importaciones del país, pero algunos gobernadores en épocas anteriores al neoliberalismo lograron infraestructuras de riego y condiciones para una reproducción material de la vida digna. Luego llegó Carlos Menem y sus políticas clientelares. Gran parte de la provincia pasó a convertirse en “subsidio dependiente”. Fue la preparación para la entrada del agronegocio olivícola y la actividad minera que tanto él como Angel Maza desde el Poder Ejecutivo de los noventa prepararon prolijamente. Nada cambió en los gobiernos posteriores, al contrario se profundizó. Por eso ahora Beder Herrera habla de una “provincia pobre” para justificar sus propios negocios con las empresas mineras. El peligro de perder subsidios calla a parte de esta provincia y explica el porcentaje conseguido en las elecciones para gobernador. Estrategia que se repite en una y otra región con la finalidad de romper las actividades que llevan décadas y “demostrar” que la única salida es la minería.
Pero a pesar de todo esto, el pueblo riojano está defendiendo su territorio, no se calla, no admite que el triunfo electoral lo habilite para darle piedra libre a estas empresas que necesitan la licencia social de las poblaciones y no de un gobernador con vocación monacal.
Hoy, lunes 16, es un día de festejos, se ha ganado una de las muchas batallas que las poblaciones saben de sobra que deberán dar. Esta vez lo han hecho con alegría, con mucha música y con una férrea decisión de pueblo pacífico, respetuoso, con la religiosidad a flor de piel, con fuertes sincretismos que combinan distintas culturas indígenas, tradiciones de tantos lugares como capas migratorias tuvo; lo hizo desde sus propias entrañas.
Para quienes miran la sociedad desde “arriba” desde las instituciones del poder, no está todo dicho. Es cierto. Pero también es innegable que estos procesos permiten reconocer una construcción entramada, una lucha societal que, a mediano y largo plazo, también deciden los derroteros de este país.

Alto Carrizal, 16 de enero de 2012