Protestas sociales y las respuestas del Estado
Norma Giarracca
Las redes de internet de las organizaciones por la lucha contra la megaminería, el agronegocio, la defensa de los bosques, los acuíferos, las yungas, la soberanía alimentaria no paran de informar sobre las constantes amenazas de represión, militarización de territorios y judicialización de los pobladores. Este verano caliente en muchos sentidos, fue la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, con la amenaza sostenida de militarización del territorio ancestral sagrado la que abrió esta seguidilla; le siguieron los intentos “parapoliciales” de la radio comunitaria de Loncopué por su apoyo a la resistencia de la población cordillerana y a la comunidad mapuche de Campana Mahuida y el incendio intencional de una chacra de activistas de ese lugar; fue otra vez Chilecito-Famatina y ni que hablar de Andalgalá con amenazas, intervención de una fiscal y cada vez más asechanzas a medida que son más los catamarqueños y legisladores concientes como Pino Solanas, los que se suman a esta lucha contra la instalación de la minera. Amenazas que sabemos que las ejecutan golpeando a quien sea y procesando a “troche y moche”.
Seguimos las protestas y resistencias sociales al modelo neoliberal - concentrador, ladrón de derechos sociales, saqueador y devastador- desde comienzos de los años noventa porque, tenemos un largo recorrido, acompañamiento, registro y observación de estos fenómenos. Tanto el por qué de la protesta como el cómo y la respuesta de los demandados, incluido el Estado, han mostrado cambios en estas casi dos décadas.
El “menemismo” ignoró las protestas; el modelo a seguir era el de Margaret Thatcher en Gran Bretaña con la huelga minera: ignorarlas, esperar el desgaste y desesperación de quienes luchaban. Los datos que utilizamos para seguir las protestas en todo nuestro país indican que en este período, el 93% de las mismas no recibieron ninguna respuesta y del 7% restante algunas fueron reprimidas, otras se resolvieron con negociaciones. No debemos olvidar que hubo dos asesinatos que conmovieron estos tiempos tan cercanos aún a la dictadura, no obstante lo cual la etapa posterior fue tanto más escandalosa porque representó una política de Estado. En efecto, en el período del gobierno de la Alianza (Fernando de la Rúa) y del corto mandato de Eduardo Duhalde la represión y asesinatos fueron los modos de enfrentar la protesta de una población harta después de un poco más de tres lustros de neolieralismo y de una última etapa de desfachatada desposesión de lo poco que le quedaba a las clases medias y bajas. Cincuenta muertos en dos años es, a nuestro juicio, una masacre que los organismos de Derechos Humanos no le otorgan la importancia que merece. Y esto trajo consecuencias en nuestros días.
Con la presidencia de Néstor Kirchner comenzó otra etapa de protestas, algunas como la de los desocupados venían de arrastre de la etapa anterior, pero todas las que involucran territorios y bienes naturales se hicieron más visibles o emergieron con la fuerza proporcional a la entrega de recursos. El presidente, conciente de su punto de partida, prometió no reprimir la protesta sino tratarla legalmente, dijo algo así como que las esperaría con la ley en las manos. Y en los primeros años cumplió su promesa: miles de luchadores cargan con cientos de procesos judiciales que los tienen controlados en sus movimientos. Las muertes en el mandato (Carlos Fuentealba, nuevamente Neuquén) como en los noventa no se las puede atribuir a una política de Estado.
¿Qué pasa con el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Cómo es posible que siga con la política de Estado de judicialización pero ahora acompañada de represiones y persecuciones cuyas imágenes nos hacen recordar los terribles tiempos dictatoriales y que habilitan vaticinar una masacre o por lo menos, una violencia que estremece nuestra memoria de represiones y sufrimientos? ¿Es tan fuerte su compromiso con estas corporaciones económicas? ¿Por qué no reaccionan los organismos de Derechos Humanos e intelectuales que la presidenta frecuenta y escucha?
Socióloga. Instituto Gino Germani.UBA
