El gobierno de Mujica y el medio ambiente

RUPTURA AMBIENTAL


Eduardo Gudynas


El gobierno Mujica cruzó el umbral, y ahora se vuelca decididamente a maniatar las exigencias ambientales para que no interfieran con grandes proyectos de inversión. Atrás quedaron los amagues. Se aprobó el puente en la Laguna Garzón y se amenaza con un desmembramiento ministerial.


Voces, 16 febrero 2012, Montevideo


Las quejas del presidente contra las trabas ambientales, sobre la lentitud ministerial, o su menosprecio por los ambientalistas, se convirtió en una decidida embestida. En la última semana quedó en claro que se quiere extirpar el área ambiental del actual ministerio donde está emplazada. Si eso sucede en el futuro cercano tendríamos un ministerio únicamente de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la actual Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) estará en algún otro sitio.

Se insistió que eso era para mejorar la gestión ambiental y llevarla a un nivel más alto. Pero horas más tardes esos dichos se derrumbaron con la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón ­ una reclamo de un inversor inmobiliario argentino para llevar adelante una urbanización, apoyada por las intendencias de Rocha y Maldonado, y resistida por vecinos, ambientalistas y otras organizaciones. Quedó en claro que se apunta en el sentido de reducir las exigencias ambientales.



UN PUENTE DEMASIADO RIESGOSO

Comencemos por recordar que el puente sobre la Laguna Garzón tiene impactos directos, pero más graves, extendidos y complejos son sus efectos indirectos. Al permitir una conexión vial sencilla, se hace posible una rápida expansión urbana sobre la costa de Rocha.
Seguramente en unos años aquella franja costera se parecerá a Solymar, y con ello tendremos problemas con la basura, el saneamiento, cañadas contaminadas, incendios, etc. Los remanentes de áreas naturales y su biodiversidad desaparecerán.

Estos y otros efectos del puente son tan negativos que, hasta donde puede saberse por la prensa, los técnicos de DINAMA no firmaban el permiso ambiental. Pero como la decisión final es política, la oficina presidencial decidió dar luz verde a esa construcción. Las advertencias ambientales fueron sepultadas, dejando en claro que era más importante satisfacer la demanda del inversor argentino y concretar la construcción de un nuevo “country”.

La argumentación del permiso, ofrecida por el secretario de la presidencia, A. Breccia, desnudan el nivel técnico y político al que se ha caído la gestión ambiental.

En primer lugar, justificó el puente indicando que tendrá bajo tránsito, excluyendo vehículos pesados, y que para ello la actual ruta 10 dejará de ser nacional y será un camino departamental. Mi reacción:
si el tránsito realmente será limitado, la mejor opción es el cruce de la laguna en balsa, y por lo tanto deja de tener sentido construir el puente.

En segundo lugar afirmó que para asegurar los aspectos ambientales el sitio será ingresado al sistema nacional de áreas protegidas. Mi
reacción: esto es un eufemismo, porque la laguna Garzón, junto con las de José Ignacio y Rocha, ya son áreas protegidas desde hace más de 30 años (decreto 260 de 1977). Decir que están dentro del “sistema” es solamente una etiqueta. Lo que se necesitan son medidas concretas y efectivas de protección.

En tercer lugar, se insistió en que el diseño del puente será del arquitecto Rafael Viñoly, y como sus obras son bellas, esto sería una medida ambiental. Mi reacción: si el puente es lindo o feo, o si lo construye un renombrado arquitecto o no, es en gran medida irrelevante en cuanto a sus efectos ambientales y territoriales. Un puente hermoso puede tener los mismos efectos negativos que uno estéticamente desagradable. El que se presentara como medida de mitigación ecológica la estética de un puente nos muestra la dramática debilidad de nuestra política ambiental. Con ese mismo criterio, si pintamos de verde las fachadas de las centrales nucleares, supondríamos que nunca explotarían.


MINISTERIO DESMEMBRADO

La debilidad en la aprobación del puente sobre la Laguna Garzón ilustra lo que nos espera si la DINAMA queda dentro de las oficinas presidenciales, o la transforman en una agencia. En el mismo sentido, las declaraciones del prosecretario, Diego Cánepa, son todavía más preocupantes, ya que muestran que no está muy al tanto de las competencias ambientales del ministerio actual, y que desea enviarlas a un sitio donde puedan estar atadas a los proyectos de desarrollo.

Por estas razones la ubicación de la DINAMA dentro del Poder Ejecutivo no es un tema menor. Si observamos lo que sucede en los países vecinos encontraremos que casi todos ellos tienen ministerios del ambiente, o ministerios mixtos con otros temas. Allí donde no había ministerios, se los han creado recientemente (Chile y Perú), y donde era un ministerio mixto, se lo transformado en uno específico para el tema ambiental (Colombia). El desempeño ambiental mejora cuando se cuenta con un ministerio, y en especial por que puede interaccionar en un mismo plano con otras carteras. Se apuesta a que pueda promover la preocupación ambiental en todo el Estado, a que esté bajo control parlamentario, y que se involucre con la sociedad civil.

No conozco ningún país donde se dé marcha atrás, y se desmembre un ministerio ambiental para crear una agencia. Hay un solo caso similar a la idea de Mujica, y tuvo lugar en Argentina, donde su secretaría ambiental fue puesta bajo el paraguas presidencial en tiempos de Néstor Kirchner.


PERDIO EL VERDE

A mi modo de ver el gobierno ha llegado a un nivel de ruptura con la temática ambiental donde ya no hay retorno posible para el actual elenco presidencial. En unos momentos hay burlas sobre los ambientalistas, en otros aparece la debilidad técnica, no se encuentran análisis juiciosos y tampoco hay liderazgo político verde.
Es una postura minimalista donde el ambiente queda subordinado a metas macroeconómicas. En paralelo tenemos el silencio sobre cuestiones ambientales en los grupos del FA.

Por ahora prevalece un contexto donde toda la sucesión de reclamos de empresariales argentinos y de grandes compañías como Aratirí, terminan siendo atendidos por la presidencia. Querían un puente, y ahora lo tienen; cuestionaron duramente a la DINAMA, y ahora se amenaza con sacarla del entramado ministerial, y como aderezo, se insinúa copiar una solución argentina. Aquí no puede decirse que esto es producto del “equipo económico”, sino que la cobertura y amparo que se otorga a estos emprendimientos parte del propio entorno presidencial. Se aceptan condiciones de empresas e inversores extranjeros, se les firman acuerdos confidenciales, se los aliviana en sus cargas tributarias, y se les flexibilizan las condiciones ambientales.
Paralelamente se carga contra las voces alternativas que parten desde la ciudadanía, tildándolos de estar contra el “progreso”.

Las opciones hacia un desarrollo con calidad para las personas y el ambiente se han alejado. Frente a este panorama, para la sociedad civil la tarea está en evitar que se hagan daños mayores, sobrellevar este derrumbe pero buscando evitar pérdidas dramáticas en el patrimonio ecológico de la nación, y esperar vientos de cambio hacia el futuro.