Señor
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
Darío Pascual Maiorana
Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales1
S / D
Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien.
Me dirijo a Ustedes a fin de expresarle mi profunda preocupación, en relación a la distribución, entre las universidades públicas, de fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineras de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.
En virtud de la ley 14.7712 y sin mayor debate, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con la resolución 672 del 27 de mayo de 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue luego avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990 mil pesos hasta cerca de 3 millones y medio de pesos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la Universidad Nacional de Patagonia es la única institución universitaria que rechazó estos fondos, por motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes, con la resolución 699 del 18 de mayo de 2009, el CIN aprobó una nueva distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos.
Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.
Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños3; la contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades respiratorias4, y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de las generaciones futuras.
Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, “hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”5. Así, lo más alarmante es que esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad en materia ambiental. Cabe destacar que esta causa se inició en abril de 1999, y, sin la intervención y la perseverancia del Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho años más. El fallo se apoya en pruebas contundentes sacadas de los informes de impacto ambiental de la empresa misma, demostrando la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera6. Ya en 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales causados por esta mina7.
Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.
Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida de las grandes corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero. Eso contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones.
Señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Señores/as Rectores/as de las Universidades Nacionales, les pedimos tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas. Las universidades que Uds dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.
Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del pueblo y con la libertad académica, solicitamos que cumplen con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD.
Les agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, y adjuntamos información más detallada respaldando nuestro pedido.
Les reitero mi fraterno saludo.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
1 Enviamos esta carta a los/as rectores/as de las universidades nacionales que recibieron parte de estos fondos: Buenos Aires, Catamarca, Centro, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Iuna, Jujuy,
La Matanza,
La Pampa,
La Plata,
La Rioja, Lanus, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste de
la Provincia de Buenos Aires, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Sur, Tecnológica, Tres de Febrero, Tucumán, Villa María.
2 El yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. fue descubierto por Abel Peirano, que lo registró a nombre de
la Universidad de Tucumán en 1948. Luego
la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal de derecho privado. Para explotar la mina, en 1994, YMAD conformó con la empresa transnacional Minera Alumbrera Ltd. una unión transitoria de empresas (UTE), por la cual recibe el 20% de las ganancias de esta explotación. De este monto, según la ley
14.771, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a
la Universidad de Tucumán un 20% y el 20% restante se dirige al CIN y las demás universidades nacionales.
3 Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales, Foro Ciudadano de Participación para
la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.
4 Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo
La Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área programática nº9). Desde entonces el hospital dejó de publicar datos estadísticos al respecto.
5 “El oro no brilla en la academia”, Página 12, 5 de junio de 2009.
6 Más información en: Causa “González, Juan Antonio s/ infracción a la ley
24.051”. Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán nºII.
7 Secretaría de Minería de
la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario